01/01/2026
Comunicado
COMUNICADO
Kanas Tour El Salvador
Deseo expresar mi molestia con el servicio del viaje “Nicaragua 4 días”, ya que en este momento estoy abordando el bus y estoy constatando que no se está cumpliendo con lo ofrecido en la publicidad. Se indicó que el transporte sería tipo Pullman y claramente el bus asignado no corresponde a esa categoría.
Además, viajo en pareja con mi esposo y, a pesar de haber reservado juntos, nos asignaron asientos separados. Al expresar verbalmente mi inconformidad, me indicaron que los asientos se asignaron según el orden de reservación. Sin embargo, la agencia tardó tres días en enviarme el enlace de pago después de solicitar la inscripción, hecho que no depende de mí y que afectó directamente la asignación injusta de los asientos.
Esto está generando molestia, incomodidad y demuestra poca organización y consideración hacia los clientes.
25/11/2025
El poder, la violencia y el silencio: cuando los intereses políticos y personales desplazan la ética académica
25 de noviembre — Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Cada 25 de noviembre, el mundo recuerda que la violencia contra las mujeres no se limita a los golpes visibles: también habita en los silencios, las presiones, las decisiones injustas y los abusos de poder que vulneran su dignidad.
En los espacios universitarios, esta realidad toma formas sofisticadas, pero no menos dañinas. Cuando los intereses políticos o personales se imponen sobre los criterios académicos, se abre la puerta a una violencia estructural que erosiona la ética, la justicia y la libertad.
El abuso de autoridad, la manipulación de procesos y el clientelismo institucional son formas de violencia simbólica que se naturalizan tras el argumento del poder jerárquico. Y cuando la víctima es una mujer —frecuentemente la única en espacios de decisión dominados por hombres—, la violencia se vuelve más aguda, más silenciosa y más solitaria.
La universidad no puede hablar de equidad de género si calla ante la coerción; no puede enseñar ética si normaliza la conveniencia; no puede formar líderes si castiga la integridad.
La libertad académica pierde sentido cuando el miedo se convierte en método de control.
Hoy, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, recordemos que la transformación no comienza con discursos, sino con coherencia.
Defender la ética, la transparencia y la justicia en la universidad también es una forma de lucha feminista.
Porque sin integridad institucional, no hay libertad; y sin respeto, no hay cultura.
“Hacia la libertad por la cultura” debe significar también hacia la igualdad, la dignidad y la justicia para todas.
10/11/2025
Habilidades blandas y duras más solicitadas al docente. Enlace: https://webdelmaestrocmf.com/portal/habilidades-blandas-mas-solicitadas-al-docente-a-la-escuela-y-al-mercado-laboral/
En el ámbito educativo actual, los docentes enfrentan el desafío de equilibrar sus conocimientos técnicos con sus capacidades humanas y emocionales. Las habilidades blandas —como la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo— permiten construir relaciones significativas y un ambiente de aprendizaje positivo. En paralelo, las habilidades duras, como el dominio del contenido, las metodologías de enseñanza y el uso de tecnologías educativas, garantizan la calidad del proceso formativo. Ambas dimensiones son complementarias: mientras las habilidades duras fortalecen el saber y la práctica pedagógica, las blandas humanizan la enseñanza y potencian el aprendizaje integral de los estudiantes.
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10/11/2025
La neurociencia y el método Montessori - 2025
La Doctora María Montessori concibió y puso en marcha un “método que requiere un ambiente preparado, un adulto formado y un apoyo social”
02/11/2025
El poder, la violencia y el silencio: cuando los intereses políticos y personales desplazan la ética académica
La universidad, llamada a ser un espacio de libertad, pensamiento crítico y servicio a la sociedad, enfrenta un desafío silencioso pero profundo: la erosión de su ética académica ante la creciente influencia de intereses personales y políticos en sus estructuras internas.
Cuando las decisiones dejan de responder a criterios de mérito, justicia y capacidad, y se subordinan a conveniencias, lealtades o alianzas, la academia pierde su esencia y se convierte en un terreno de poder, manipulación y desigualdad.
El abuso de autoridad en la educación superior no siempre se manifiesta abiertamente. A menudo adopta formas más sutiles: presiones indebidas, imposiciones jerárquicas, favoritismos, silencios estratégicos o exclusiones deliberadas. Estas dinámicas, revestidas de formalidad institucional, terminan afectando la integridad psicológica, profesional y emocional de quienes se niegan a someterse.
Y cuando las víctimas son mujeres —muchas veces las únicas en espacios dominados por hombres—, esa violencia se entrelaza con el sesgo de género, que busca deslegitimar, aislar o controlar a quien no encaja en los moldes tradicionales de obediencia o subordinación.
La violencia institucional se consuma cuando la autoridad se usa como mecanismo de coerción, cuando el liderazgo se impone por temor y no por ejemplo, y cuando el mérito académico es reemplazado por el cálculo político. Este fenómeno refleja una crisis ética más profunda: la pérdida del sentido público de la universidad.
En lugar de ser un espacio de construcción colectiva, se transforma en un escenario donde el poder se administra como propiedad privada y no como responsabilidad social.
El silencio institucional frente a estas prácticas constituye una segunda forma de violencia. Callar, minimizar o desviar la atención ante los abusos de poder perpetúa la impunidad y normaliza la injusticia. Cada omisión resta credibilidad a la universidad y traiciona su misión de formar ciudadanos críticos, libres y éticos.
Revertir esta cultura requiere más que reglamentos: demanda liderazgos con conciencia ética, transparencia en los procesos y una profunda revisión de las estructuras que reproducen la desigualdad.
Las universidades deben colocar nuevamente el conocimiento, el mérito y la integridad en el centro de sus decisiones.
No se puede hablar de libertad académica cuando impera el miedo. No se puede hablar de justicia cuando la conveniencia pesa más que la verdad.
El lema “Hacia la libertad por la cultura” no debe ser una frase institucional, sino un compromiso ético.
Significa erradicar toda forma de abuso, coerción y manipulación; significa construir una universidad coherente con los valores que enseña; significa recordar que la autoridad solo tiene legitimidad cuando se ejerce con justicia, respeto y propósito.
Solo así, la universidad podrá volver a ser lo que siempre debió ser: un espacio de pensamiento libre, equitativo y verdaderamente humano.
18/09/2025
La otra cara de la autonomía universitaria
Cuando la autonomía se utiliza como escudo, se abre la puerta a la corrupción y se niega el derecho a la participación democrática.
La Universidad de El Salvador goza de autonomía constitucional, un principio concebido para garantizar independencia académica y autogobierno. Sin embargo, esta autonomía no puede confundirse con impunidad ni convertirse en un escudo que proteja prácticas corruptas.
En los últimos procesos electorales internos han salido a la luz irregularidades preocupantes: retrasos injustificados en la entrega de documentos, excusas administrativas poco creíbles, formalismos excesivos utilizados para invalidar candidaturas y ausencia de autoridades en momentos clave. Estas prácticas afectan el derecho de participación de la comunidad universitaria y generan desconfianza en la institución.
La situación llega a un punto crítico cuando, a pesar de las denuncias y de la evidente obstrucción en la inscripción de nuevas planillas, las elecciones estudiantiles continúan con una única opción en competencia. Este escenario no representa un ejercicio democrático, sino la confirmación de un sistema capturado por grupos que, desde dentro, buscan perpetuarse en el poder. La corrupción ya no se limita a la actuación de las autoridades, sino que se extiende también a sectores estudiantiles que, en lugar de representar los intereses colectivos, reproducen las mismas prácticas de exclusión y manipulación que dicen rechazar.
La Ley de Procedimientos Administrativos es clara al establecer principios que deberían guiar toda actuación pública: eficacia, buena fe y la obligación de interpretar en favor del ciudadano. Ignorar estos principios dentro de la universidad implica negar a la comunidad universitaria un trato justo y, al mismo tiempo, socavar la credibilidad de la institución frente a la sociedad salvadoreña.
La contradicción es evidente: desde los discursos oficiales se proclama fortalecer la gobernanza y defender la autonomía, pero en la práctica se bloquea la participación y se desvían responsabilidades. Más grave aún, quienes sostienen estos discursos suelen aprobar únicamente aquello que favorece sus propios intereses o con lo que están de acuerdo. Entre distintos grupos con incidencia y poder de decisión se tejen acuerdos que terminan por socavar y violentar a quienes intentan ejercer un liderazgo alternativo o simplemente sobrevivir dentro de la comunidad universitaria.
Esa incoherencia no solo erosiona la legitimidad interna, sino que también envía un mensaje preocupante hacia afuera: que la universidad reproduce las mismas prácticas de corrupción que debería cuestionar y combatir. Y cuando los mecanismos internos son incapaces de corregir estas irregularidades, se refuerza una peligrosa práctica: blindarse bajo el argumento de la autonomía para impedir la supervisión de entes externos.
La autonomía no significa cerrar la puerta a auditorías, fiscalización o instancias de control; por el contrario, abrirse a la transparencia fortalece la confianza en la institución y asegura que los recursos públicos y los procesos democráticos se manejen de manera responsable.
La universidad, como máxima casa de estudios, debería ser ejemplo de transparencia y democracia. Normalizar la corrupción en su interior es un riesgo grave, porque significa educar a las futuras generaciones bajo la sombra de prácticas que contradicen los valores que se enseñan en las aulas.
La autonomía universitaria es un derecho constitucional, pero también una responsabilidad social. Defenderla no significa encubrir irregularidades, sino garantizar procesos democráticos, transparentes y respetuosos de los derechos humanos. Solo así la universidad podrá formar profesionales íntegros y ciudadanos críticos, capaces de transformar el país desde la ética y la justicia.
