Dra. Malvaliz Santana

La discusión sobre el P. de la C. 1301 continúa avanzando y es importante que nuestras voces sean escuchadas.

Por eso comparto los correos electrónicos de los miembros de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico. Les exhorto a comunicarse de manera respetuosa y profesional para expresar sus preocupaciones sobre el impacto que esta medida podría tener en la confidencialidad terapéutica, el acceso a servicios de salud mental y el bienestar de nuestros niños, adolescentes y familias.

Las decisiones legislativas tienen consecuencias reales para nuestros pacientes y nuestras profesiones. No podemos asumir que otros hablarán por nosotros.
Participa. Infórmate. Escribe. Comparte tu experiencia profesional y tu perspectiva.
El momento de actuar es ahora.

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Dra. Malvaliz

Voy a compartir mi sentir con ustedes con la honestidad que me caracteriza.

Llevo alrededor de 14 años trabajando con niños, niñas y adolescentes, y es una población que me apasiona atender. Sin embargo, las recientes expresiones a favor del P. de la C. 1301 me han llenado de preocupación y frustración. No se trata de miedo a que me graben. Se trata de proteger la esencia de nuestro trabajo y, sobre todo, el derecho de los menores a un espacio seguro y confidencial.

Pienso en ese adolescente que, luego de semanas o meses, reúne el valor para contar algo que nunca había dicho. Pienso en esos momentos en los que podemos orientar, intervenir y ayudar a construir puentes de comunicación con sus familias. Muchas veces logramos que sean ellos mismos quienes compartan situaciones difíciles con sus encargados, en un ambiente de apoyo y comprensión.

La terapia no es simplemente hacer preguntas y recibir respuestas. La terapia es construir confianza. Es crear un espacio donde un menor pueda expresarse sin temor, sentirse escuchado y recibir ayuda.

Si esta medida se aprueba tal como está, esta servidora no continuará atendiendo niños y adolescentes. No porque tenga algo que ocultar, sino porque entiendo que la confidencialidad es una herramienta fundamental para que el proceso terapéutico sea efectivo.

Quienes trabajamos con menores sabemos que no atendemos únicamente a un niño o adolescente; trabajamos con familias completas. Por eso me preocupa profundamente que se adopten medidas que puedan afectar la confianza necesaria para que nuestros jóvenes reciban la ayuda que necesitan.

Esta discusión no debe centrarse únicamente en grabar o no grabar. Debe centrarse en cómo protegemos el bienestar emocional, la privacidad y el acceso a servicios de salud mental de calidad para nuestros niños y adolescentes.

Dra. Malvaliz

Cesuran colaboración del coro de RCM con la UPRC en graduación Hoy nos enteramos que el coro de RCM no podró participar junto nuestro coro de UPR Carolina en la graduación a celebrarse el próximo viernes, 12 de junio de 2026 como se había programado. Esta determinación nos trae a la pregunta: ¿es 10 de junio de 2026 o estamos de vuelta al 19487 Justamente...

Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) merecen servicios de excelencia, provistos por profesionales debidamente preparados, licenciados y regulados.

Aunque el P. de la C. 765 pretende aclarar quiénes pueden ofrecer servicios de Análisis Conductual Aplicado (ABA), la medida plantea interrogantes importantes sobre la regulación, supervisión y delimitación de competencias profesionales en Puerto Rico.

Mientras profesiones como la psicología, la terapia ocupacional, la patología del habla y lenguaje, y la medicina cuentan con leyes habilitadoras, juntas examinadoras y mecanismos disciplinarios locales, las credenciales ABA continúan siendo certificaciones privadas otorgadas por entidades externas y no una profesión reglamentada por el Estado.

La salud y el bienestar de las personas con autismo requieren algo más que credenciales. Requieren responsabilidad profesional, supervisión adecuada, protección al consumidor y claridad sobre quién responde cuando ocurren fallas en la prestación de servicios.

Como sociedad debemos preguntarnos:

🔹 ¿Estamos fortaleciendo la protección del paciente?
🔹 ¿Estamos creando estándares uniformes de regulación?
🔹 ¿Estamos garantizando que los servicios de modificación de conducta permanezcan bajo profesiones debidamente licenciadas y fiscalizadas?

Las personas con autismo y sus familias merecen una legislación que promueva acceso a servicios de calidad, sin debilitar las salvaguardas profesionales que protegen al público.

La discusión debe centrarse en la protección de los pacientes, la calidad de los servicios y la responsabilidad profesional.

Dra. Malvaliz

Desde la aprobación de la Ley 163 para el manejo de los trastornos del espectro del autismo, he expresado mi preocupación sobre las limitaciones que, en la práctica, han surgido para la prestación de servicios a esta población. Actualmente, la interpretación de algunas disposiciones ha provocado que se considere que únicamente los psicólogos clínicos pueden ofrecer ciertos servicios a personas con autismo, limitando el acceso de muchas familias a la ayuda que necesitan.

Los psicólogos en consejería y los psicólogos escolares, dentro de sus respectivas competencias, poseen la preparación académica, experiencia y licencias necesarias para aportar significativamente a la evaluación, intervención, orientación y apoyo de las personas con autismo y sus familias. Excluir a estos profesionales reduce las alternativas de servicio y contribuye a aumentar las listas de espera.
El P. de la C. 766 representa una oportunidad para ampliar el acceso a servicios especializados, reconocer las competencias de los distintos profesionales de la psicología y promover una atención más accesible e inclusiva para la población con autismo.

La prioridad debe ser garantizar que las personas con autismo y sus familias tengan acceso oportuno a servicios de calidad, aprovechando la preparación y experiencia de todos los profesionales debidamente capacitados para servirles.
Más profesionales cualificados significa más acceso, más apoyo y mejores oportunidades para las personas con autismo en Puerto Rico.

Dra. Malvaliz

En Puerto Rico, la falta de acceso constante al agua potable se ha convertido en una realidad preocupante para muchas comunidades. Aunque con frecuencia hablamos de los efectos físicos de esta situación, pocas veces reconocemos el impacto que tiene sobre nuestra salud mental y bienestar emocional.

El agua no es un lujo; es una necesidad básica. Cuando una persona enfrenta interrupciones prolongadas en el servicio, comienza a experimentar incertidumbre, frustración, ansiedad e impotencia.

Las interrupciones recurrentes también pueden activar experiencias previas de crisis, particularmente en una población que ha enfrentado huracanes, terremotos, pandemias y otros eventos estresantes. Cada nueva situación relacionada con la falta de servicios esenciales puede reactivar emociones asociadas al miedo, la vulnerabilidad y la incertidumbre.

La salud mental está estrechamente vinculada a las condiciones en las que vivimos. No podemos hablar de bienestar emocional sin hablar de acceso a servicios básicos, infraestructura adecuada y calidad de vida. Garantizar el acceso al agua potable no es solamente una cuestión de salud pública; también es una cuestión de salud mental, dignidad humana y justicia social.

Como sociedad, debemos reconocer que detrás de cada interrupción del servicio hay familias, adultos mayores, personas con condiciones de salud, niños y trabajadores que enfrentan un impacto emocional real. Cuidar la salud mental también implica garantizar las condiciones básicas que permiten a las personas vivir con tranquilidad y seguridad.

Dra. Malvaliz

Actualmente, en Puerto Rico la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Sin embargo, el Proyecto de Ley del Senado 1245 propone reducirla a los 18 años, armonizando nuestras leyes con la realidad social y jurídica que prevalece en gran parte de los Estados Unidos y de otros países.

Esta propuesta abre la puerta a importantes reflexiones. Si a los 18 años una persona puede votar, trabajar, estudiar en la universidad, contraer obligaciones legales e incluso servir en las Fuerzas Armadas, ¿debe también reconocérsele plenamente la capacidad jurídica para tomar decisiones sobre su vida?

No obstante, más allá del aspecto legal, es importante considerar las implicaciones sociales, familiares, educativas y de salud mental que podrían surgir de este cambio. La transición hacia la adultez no ocurre de manera uniforme para todas las personas, y muchas familias continúan brindando apoyo económico, emocional y educativo más allá de los 18 años.

Como sociedad, debemos analizar esta medida desde múltiples perspectivas, promoviendo un diálogo informado y respetuoso que considere tanto los derechos de los jóvenes como las responsabilidades que acompañan la vida adulta.

¿Qué opinas? ¿Debe Puerto Rico reconocer la mayoría de edad a los 18 años?

Dra. Malvaliz