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Intención de Voto presidencial a marzo 2026- solo 6 partidos pasarían la valla electoral.
Déjame tu comentario. Por quien será tu voto

El nombramiento de Luis Enrique Arroyo Sánchez en la PCM refleja un giro hacia un enfoque de gestión en contexto de crisis.

Denisse Miralles, desde un perfil técnico, venía desarrollando una gestión sólida. Sin embargo, a puertas del pedido de confianza al Congreso, su salida responde a una decisión política orientada a asegurar gobernabilidad.

El problema del Perú no es solo quién lidera, sino cómo se construyen las condiciones para gobernar.

En ese contexto, el avance de la delincuencia, las extorsiones y el crimen organizado plantea la necesidad de respuestas más firmes, donde un enfoque de seguridad cobra mayor relevancia.

El reto sigue siendo lograr estabilidad política sin perder el rumbo institucional.

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Continuidad y apropiación: dos claves urgentes para transformar la gestión pública en el Perú

Durante el reciente Encuentro Nacional de Directivos Públicos, se puso sobre la mesa un problema estructural que seguimos arrastrando en el Estado: la falta de continuidad en las políticas, programas y proyectos públicos.

Cada cambio de gestión implica, muchas veces, un “borrón y cuenta nueva”. Se modifican prioridades, se paralizan iniciativas y se desarticulan equipos técnicos. ¿El resultado? Ciudadanos que no ven resultados, recursos mal utilizados y una gestión pública que avanza sin rumbo sostenido.

La continuidad no es opcional, es una condición para el desarrollo.

Es indispensable avanzar hacia un marco legal e institucional que proteja la estabilidad de los directivos públicos y garantice la continuidad de las políticas públicas, más allá de los cambios políticos. No se trata de rigidizar el Estado, sino de asegurar que lo que funciona no se destruya por decisiones coyunturales.

Pero la continuidad, por sí sola, no es suficiente.

También se planteó una idea poderosa:
La necesidad de que los directivos públicos “hagan suya” la gestión.

Cuando un funcionario ve su trabajo como algo distante, la gestión se vuelve fría, mecánica y poco eficiente. Pero cuando internaliza que él mismo —o su familia— podría ser usuario del servicio que administra, el enfoque cambia completamente.
• ¿Cómo se atiende a un paciente en un hospital público?
• ¿Llegan a tiempo los medicamentos?
• ¿Se paga adecuadamente al personal de salud?

Cuando estas preguntas se responden desde una mirada personal, la gestión deja de ser burocrática y se vuelve humana.

La gestión pública necesita menos indiferencia y más sentido de pertenencia.

No podemos seguir administrando servicios como si fueran ajenos. La salud, la educación, la seguridad o el transporte público no son sistemas abstractos: son servicios que impactan directamente en la vida de todos, incluidos quienes los gestionan.

En ese sentido, la transformación del Estado no solo pasa por reformas normativas, sino también por un cambio de mentalidad:

- Directivos protegidos para garantizar continuidad
- Políticas públicas sostenidas en el tiempo
- Funcionarios comprometidos que gestionen como si fueran usuarios

Solo así podremos cerrar la brecha entre lo que el Estado promete y lo que realmente entrega.

El gráfico de intención de voto presidencial a enero de 2026 muestra a Rafael López Aliaga liderando, pero con porcentajes relativamente bajos y muy cercanos entre los principales candidatos. Más que una preferencia clara, lo que refleja es una alta fragmentación del electorado, coherente con la gran cantidad de partidos políticos inscritos.

Esta dispersión no solo debilita el respaldo a cualquier candidatura, sino que dificulta que el elector identifique una opción sólida y representativa. En ese contexto, es altamente probable que el país vuelva a una segunda vuelta —e incluso se habla de escenarios extremos—, lo que evidencia un problema estructural más que coyuntural: un sistema político excesivamente atomizado.

Además, el alto porcentaje de “ninguno” y “no sabe” confirma que la ciudadanía aún no se siente representada y que el debate electoral sigue girando más en torno a nombres que a propuestas claras de país.

En una coyuntura donde la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada se han convertido en las principales preocupaciones de los peruanos, resulta llamativo que perfiles con experiencia directa en seguridad y orden interno —como el general William Zapata— aún no se reflejen con fuerza en las encuestas. Esto sugiere que, más que falta de candidatos, existe una falta de liderazgo convincente y de narrativa clara que conecte con las urgencias reales del país.

En conclusión, el gráfico no solo mide intención de voto: retrata una democracia fragmentada, con muchos candidatos, pocas convicciones firmes y un electorado que sigue buscando —sin encontrar— al mejor candidato.
¿Crees que la fragmentación política está dificultando nuestra capacidad para elegir bien?

Patricia Heredia
Escuela de Gestion Publica

Fuente: Datum

La crisis de confianza en las instituciones públicas: entre la corrupción y la ineficiencia

La confianza ciudadana en las instituciones públicas en el Perú atraviesa uno de sus momentos más bajos. Según encuestas recientes, menos del 10% de la población confía en el Congreso, y cifras similares se repiten en torno al Poder Judicial, los gobiernos regionales y locales. La corrupción y la ineficiencia se convierte en el sello de la gestión pública. Esta combinación letal erosiona la legitimidad del Estado y genera una peligrosa distancia entre gobernantes y gobernados.
En las últimas décadas, prácticamente ningún nivel de gobierno ha estado libre de denuncias por corrupción. Desde expresidentes investigados por sobornos internacionales hasta alcaldes y gobernadores procesados por delitos de colusión y malversación, y los casos se vienen acumulando más y más sin freno.

El problema no es solo económico —aunque cada año la Contraloría estima pérdidas superiores a S/ 24 mil millones por corrupción e inconducta funcional— sino ético: la ciudadanía percibe que quienes acceden al poder lo hacen para enriquecerse, no para servir. Esto genera desconfianza estructural, debilitando la legitimidad de las políticas públicas, incluso cuando son necesarias o bien diseñadas.

Si la corrupción destruye recursos, la ineficiencia los desperdicia. Gobiernos regionales con presupuestos millonarios devuelven al Tesoro Público buena parte de los fondos asignados porque no logran ejecutar sus proyectos. Municipios con obras inconclusas, hospitales que nunca se terminan, colegios sin mantenimiento: la lista es interminable.

Lo más grave es que esta ineficiencia también mata. Retrasos en la compra de medicinas, falta de obras de prevención contra desastres naturales, o la paralización de proyectos de agua y saneamiento tienen un impacto directo en la vida y salud de millones de peruanos.

Entonces, cuando la corrupción y la ineficiencia se combinan, la consecuencia es devastadora: la ciudadanía deja de confiar no solo en las autoridades, sino en la democracia misma. El populismo encuentra terreno fértil para crecer, ofreciendo soluciones rápidas y emocionales frente a un Estado que parece no funcionar.

La crisis de confianza se convierte así en un círculo vicioso: a menor confianza, mayor desinterés ciudadano por la política; y a menor participación, más espacio para que políticos poco idóneos o corruptos accedan al poder.

¿Cómo recuperar la confianza?

La salida no es sencilla, pero sí posible:
1. Transparencia real: Portales de datos abiertos y fiscalización ciudadana efectiva en cada nivel de gobierno.
2. Meritocracia: Selección de funcionarios basada en capacidades, no en favores políticos.
3. Sanciones ejemplares: Procesos judiciales rápidos y efectivos para autoridades corruptas, evitando la impunidad.
4. Gestión por resultados: Evaluación de autoridades no por cuánto gastan, sino por el impacto concreto en la calidad de vida de la gente.
5. Educación cívica y ética pública: Formar nuevas generaciones que entiendan la política como un servicio, no como un negocio.

Conclusión

La corrupción y la ineficiencia son las dos caras de la misma moneda que alimenta la crisis de confianza en el Perú. Sin confianza, no hay legitimidad; y sin legitimidad, no hay gobernabilidad posible. Reconstruir ese vínculo entre Estado y ciudadanía es el gran desafío de la gestión pública en los próximos años. No basta con prometer cambios, se requiere liderazgo, integridad y capacidad de gestión para demostrar que el servicio público aún puede ser un espacio de honor y no de vergüenza.

🔊“Elecciones 2026: un reto costoso, pero también una oportunidad para construir un país más transparente, participativo y fuerte. El futuro está en nuestras manos.”🔊