Observatorio Peruano de Cibercriminalidad

05/08/2026

Sesión 03, ¡disponible de forma pública y gratuita!

Sesión a cargo del profesor Jorge Litvin.Sábado 05 de marzo del 2022.

01/08/2026

🎥 | El cibercrimen como fenómeno criminológico, a cargo del profesor Gustavo Sain.

Sesión a cargo del profesor Gustavo Sain. Martes 01 de marzo del 2...

18/07/2026

En el primer episodio, conoce los objetivos de la “Guía para la investigación de delitos informáticos”, publicada en julio del 2026.

17/07/2026

El Bitcoin (BTC) puede ser utilizado como una herramienta para el lavado de activos, al definirse como una moneda virtual descentralizada que se basa en el pseudoanonimato y en la alta seguridad de la tecnología blockchain. Si bien características como su alcance global, la falta de una autoridad de control y su cifrado criptográfico promueven la libertad económica, también la convierten en un "caldo de cultivo" para que redes criminales disfracen e introduzcan fondos ilícitos al mercado formal. María Belén Linares describe cómo los delincuentes ejecutan estas maniobras a través de la deep web, utilizando exchangers (casas de cambio) que no aplican controles sobre el origen de los fondos, y herramientas como los mixers o mezcladores, que combinan transacciones para borrar el rastro del dinero, destacando el caso del mercado negro Silk Road como el ejemplo más resonante de esta práctica.

Frente a esta amenaza, el texto aborda el desafío regulatorio, repasando los primeros esfuerzos en Argentina, donde organismos como el BCRA y la UIF han emitido advertencias y exigido a los sujetos obligados un seguimiento reforzado de las operaciones con monedas virtuales para mitigar riesgos. La autora concluye que, aunque el pseudoanonimato dificulta enormemente a las agencias de orden público vincular las transacciones con identidades del mundo real, la clave radica en regular el punto de intersección con el sistema financiero legal: los exchangers. En sus reflexiones finales, enfatiza que el Estado no debe intentar sofocar la innovación con "ideas vetustas y anquilosadas", sino esforzarse por comprender este nuevo paradigma monetario e implementar normativas que prevengan los delitos financieros sin frenar el progreso tecnológico.

15/07/2026

El artículo aborda la importancia crítica de la evidencia digital proveniente de las redes sociales y el rol fundamental que juega la Inteligencia de Medios Sociales (SOCMINT) en su recopilación y análisis para diversos contextos legales y judiciales. Ante la actual falta de regulaciones específicas en el Código Procesal para la admisión de este tipo de pruebas, el autor subraya la necesidad de garantizar indubitablemente su autenticidad e integridad mediante procedimientos técnicos estrictos. Esto requiere la obtención de copias espejo, la aplicación de la cadena de custodia con códigos hash y el correcto manejo de conceptos clave como identificadores únicos (ID), metadatos, permalinks y registros de actividad, los cuales permiten asegurar la trazabilidad de la información y prevenir su manipulación.

Por otro lado, el texto advierte sobre las múltiples vulnerabilidades en los entornos web que amenazan la fiabilidad de la evidencia digital, tales como la modificación de la estructura del DOM, los ataques de Cross-Site Scripting (XSS), la inyección de código malicioso y la creación de páginas web falsas. Para contrarrestar estos riesgos y lograr una recolección efectiva, se destaca el uso de herramientas especializadas como OSINT Tool - VORTIMO, E-LEGALD - DENDRO y GHOSTARCHIVE. Finalmente, el artículo concluye con la necesidad urgente de desarrollar protocolos específicos, establecer estándares técnicos claros y promover la capacitación en SOCMINT para asegurar que la evidencia digital mantenga su validez legal y sea manejada de forma ética y segura.

13/07/2026

Carolina Villacampa Estiarte ofrece un análisis crítico sobre la incorporación del delito de online child grooming (propuesta sexual telemática a menores) en el Código Penal español, introducido originalmente mediante la Ley Orgánica 5/2010 tras la firma del Convenio de Lanzarote y la Directiva 2011/93/UE. La autora sostiene que la tipificación de este delito respondió en gran medida a una "reacción espasmódica" del legislador ante la presión mediática y la alarma social generada internacionalmente, careciendo de un respaldo empírico sólido sobre la realidad sociológica de España. Uno de los puntos centrales de su crítica es que esta incriminación supone un adelantamiento extremo de las barreras de protección penal, ya que eleva actos meramente preparatorios a la categoría de delito autónomo y configura un delito de peligro abstracto (o incluso hipotético) para proteger la indemnidad sexual de los menores.

Además, el texto desglosa exhaustivamente los elementos de este tipo penal, señalando diversas deficiencias técnicas en su configuración original en el entonces artículo 183 bis. En cuanto a los sujetos, la autora critica que la ley permitía paradójicamente que un menor pudiera ser condenado como sujeto activo del delito, mientras que, por otro lado, dejaba inicialmente fuera de la protección a las víctimas mayores de 13 años y no abordaba adecuadamente a las personas con discapacidad. Sobre la conducta en sí, analiza sus tres requisitos fundamentales: el contacto a través de tecnologías de la información con propuesta de encuentro, los actos materiales orientados a un acercamiento físico, y la finalidad ulterior del agresor de cometer un delito contra la indemnidad sexual. Finalmente, el documento examina el impacto de la reforma del Código Penal de 2015 (LO 1/2015), la cual intentó reajustar este marco elevando la edad de consentimiento sexual a los 16 años e introduciendo modificaciones sustanciales en los delitos sexuales y de pornografía infantil.

10/07/2026

El artículo "Algoritmos y sentencias: ¿Qué exige el debido proceso?" analiza el creciente uso de herramientas algorítmicas de evaluación de riesgo en las sentencias penales, destacando su utilidad inicial para estimar las probabilidades de reincidencia y reducir las p***s de prisión en casos de bajo riesgo. Sin embargo, la adopción de estos sistemas automatizados plantea serias inquietudes constitucionales respecto al debido proceso. El conflicto principal radica en el derecho que tienen los condenados a cuestionar la exactitud y pertinencia de la información utilizada en su contra, lo cual se ve obstaculizado cuando no pueden acceder al funcionamiento del algoritmo utilizado para calcular sus puntajes de riesgo ni a los resultados detallados de dichas evaluaciones.

Para ilustrar este problema, los autores contrastan dos casos judiciales en Estados Unidos: el de Eric Loomis, donde la Corte Suprema de Wisconsin avaló el uso del algoritmo de propiedad privada COMPAS argumentando que no fue el factor "decisivo" de la condena; y el de John Walls, cuya sentencia fue anulada por un tribunal de apelaciones de Kansas debido a que se le negó el acceso a los detalles completos de su evaluación LSI-R, imposibilitándole cuestionar su exactitud. En última instancia, el texto advierte sobre la preocupante falta de transparencia exacerbada por las empresas que invocan "secretos comerciales" para no divulgar sus algoritmos. La conclusión central es que, ante la evolución y sofisticación de la inteligencia artificial, el derecho fundamental al debido proceso no debe convertirse jamás en el "daño colateral" del avance tecnológico.

08/07/2026

Javier Zaragoza aborda cómo la creciente digitalización de la sociedad, acelerada de manera significativa por la pandemia de COVID-19, ha provocado que una gran parte de las actividades delictivas se traslade al espacio virtual. Ante este nuevo panorama criminológico, las fuerzas de seguridad han tenido que adaptar sus labores de prevención e investigación, trasladando el patrullaje tradicional de las calles a la red a través de lo que se conoce como "ciberpatrullaje". En este contexto, el autor destaca la progresiva incorporación de la inteligencia artificial y de herramientas tecnológicas avanzadas —tales como sistemas de reconocimiento facial, algoritmos de predicción policial (como PredPol) y el uso de agentes encubiertos virtuales— como métodos cada vez más habituales y necesarios para rastrear y esclarecer hechos ilícitos en el ciberespacio.

Sin embargo, el texto advierte de forma enfática que estas nuevas prácticas de investigación tecnológica plantean profundos desafíos legales frente a la protección de los derechos fundamentales, tales como la intimidad, la protección de datos personales y el secreto de las comunicaciones. Uno de los problemas centrales en la práctica policial es la dificultad para distinguir entre canales virtuales abiertos (públicos) y cerrados (privados), una frontera difusa que determina si es obligatoria o no una autorización judicial previa para realizar la investigación sin cometer una injerencia ilegítima. Basándose en la jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales, el autor concluye que el uso de la inteligencia artificial y la retención de datos biométricos deben estar estrictamente regulados y justificados, recordando que en un Estado de derecho "la verdad no puede ser alcanzada a cualquier precio" si ello implica sacrificar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

06/07/2026

Jhon Zuluaga analiza cómo la pandemia de COVID-19 obligó al sistema judicial colombiano a implementar medidas de emergencia para acelerar su transición hacia la justicia digital y evitar la parálisis de sus funciones. Sin embargo, esta rápida digitalización evidenció graves deficiencias estructurales, tales como la falta de infraestructura tecnológica adecuada, problemas de conectividad en varias regiones del país y la carencia de competencias digitales tanto en los funcionarios judiciales como en la población general. Aunque se emitieron normativas, como el Decreto 806 de 2020, para flexibilizar los procesos y permitir el uso de expedientes digitales, poderes electrónicos y audiencias virtuales, muchas de las soluciones iniciales fueron improvisadas y precarias, recurriendo al uso de correos electrónicos personales que dejaron dudas sobre la seguridad, autenticidad y el manejo de información reservada.

Por otro lado, el autor advierte que esta "justicia digital de emergencia" ha tenido un impacto negativo en las garantías procesales, con repercusiones especialmente graves en el ámbito penal. La realización de audiencias de forma virtual ha limitado principios procesales fundamentales como la inmediación, la contradicción y la publicidad, ya que las fallas de conexión y la falta de acceso equitativo a la tecnología impiden que todos los sujetos procesales intervengan en igualdad de condiciones.

En conclusión, la implementación apresurada de estos recursos no ha supuesto una verdadera modernización del sistema, sino que corre el riesgo de consolidar una "simulación de justicia" que, al relajar los límites del poder punitivo del Estado, profundiza la crisis judicial y debilita la protección de los derechos fundamentales.

04/07/2026

¿Te has preguntado por qué la gran mayoría de las denuncias por delitos informáticos quedan archivadas y sin resolver? En esta reveladora ponencia, el Prof. Ricardo Elías expone una realidad alarmante del sistema de justicia: el 94% de las víctimas de ciberdelitos abandona la investigación tras presentar su denuncia inicial.

A través de un análisis exhaustivo de los casos de las fiscalías de cibercrimen en Perú, el expositor desentraña cómo el cibercrimen se ha convertido en una industria global que genera más de 20 billones de dólares en pérdidas, utilizando nuevas herramientas como la inteligencia artificial y granjas de chips (SIM boxes).

Sin embargo, el hallazgo más impactante del vídeo no es la tecnología de los criminales, sino el comportamiento de las víctimas: la mayoría acude rápidamente a comisarías no especializadas para hacer una denuncia genérica de un solo párrafo, viéndolo únicamente como un requisito obligatorio para que su banco les devuelva el dinero. Una vez que cumplen este trámite, desaparecen y no responden a las autoridades, lo que provoca que miles de casos se archiven por falta de pruebas y autorización para investigar.

Pero la charla no se queda solo en el problema. Elías Puelles presenta una innovadora solución tecnológica (la plataforma denuncia.pe) creada para ayudar a los agentes policiales a formular preguntas clave y precisas en el momento exacto en que la víctima va a denunciar, salvando así la investigación antes de que la persona desaparezca.

Es una oportunidad excelente para entender cómo operan realmente los fraudes informáticos modernos, por qué el sistema tradicional fracasa al investigarlos, y cómo propuestas creativas están intentando cerrar la brecha entre la justicia y la ciberdelincuencia.

Te invitamos a ver el vídeo completo, así como todas las intervenciones organizadas por la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, realizadas en el marco del evento internacional titulado “Estudios Empíricos sobre la Prueba”.

Ricardo N. Elías Puelles · Pontificia Universidad Católica del Perú...