En el mundo político, económico y social ocurre lo mismo. El derecho no es ajeno al impacto de estos cambios.
s a los conceptos tradicionales. La enseñanza y aprendizaje del derecho deben estar atentos a estos cambios porque, como se tiene evidenciado, la razón del Derecho es el de proveer de herramientas para la defensa de los derechos fundamentales del ser humano. El ser humano y su dignidad se convierten en el fundamento no sólo de nuestro sistema jurídico, sino del sistema democrático constitucional, por lo que la enseñanza debe redefinirse, tanto en sus contenidos como en las metodologías, a efectos de procurar abogados, y consecuentemente jueces, conscientes de sus deberes sociales en la construcción de un sistema democrático constitucional, acorde con las exigencias económicas y sociales que nos plantea el mundo moderno. Si desde la eticidad, a los operadores del derecho se nos asigna como misión, la defensa de los derechos de las personas y la consolidación del Estado de derecho, la justicia y el orden social, no será posible alcanzar esta noble tarea, si nos resignamos a operar los instrumentos conceptuales no muy bien manejados y poco conocidos, y nos mantengamos inoperantes y faltos de reacción necesaria para afrontar estos retos. Para quienes aceptamos una concepción del derecho como una práctica social moralmente relevante, es decir, que permita la argumentación democrática y la justifique a partir de una concepción robusta de la argumentación desde principios, valores y derechos fundamentales, la enseñanza y aprendizaje del derecho modernamente debe ser algo distinta a las concepciones: positivista formalista o la crítico realista, para pasar a entrenar una forma particular de deliberar, entendiendo cuestiones básicas de justificación racional, validez moral y balance entre las exigencias de la moral ideal y los límites de la democracia real. Desde nuestra concepción, como lo sostenía Martin Bohner. Los graduados deberán ser jueces que entiendan los limites que impone la democracia a su trabajo, y que asuman su responsabilidad como custodios de los procedimientos democráticos, de los derechos fundamentales y de la práctica social en la que consiste el derecho, y como abogados deberán asumir su responsabilidad protegiendo la práctica pero acercándola (favoreciendo a su cliente) a la mejor interpretación posible. Estamos convencidos que estos ideales serán posibles en su realización, en la medida que logremos integrar pensamientos y debates compartidos y poner las condiciones necesarias para lograr perfiles diversos entre nuestros asociados, estamos conscientes que se requieren esfuerzos notables, pero también estamos seguros de que no hay mejor antídoto para la intolerancia, para los dogmatismos autoritarios y el eclecticismo paralizante, que el pluralismo crítico y el permanente debate de las ideas, son los objetivos que pretendemos alcanzar desde el Instituto de Derechos Fundamentales Cesare Beccaria – Moquegua-Perú. Abogado: ELVIO NOVA PACSI
PRESIDENTE