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Cepdaperú - Centro Peruano de Derecho Público

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CEPDAPERÚ es una organización dedicada a la difusión, estudio y desarrollo del derecho público

12/08/2026

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👉 No es posible punir el delito de defraudación tributaria por negligencia, dado que este tipo penal no admite la modalidad culposa, sino solo la dolosa. Y en cuanto al dolo, no se logró acreditar probatoriamente la participación activa del acusado en la materialización del delito, pues de la misma postulación de los hechos imputados, así como de la investigación fiscal llevada a cabo, queda claro que quienes participaron de la materialidad del delito solo fueron el gerente general # # # # # # # # # # # # (padre fallecido de los ahora encausados) y el contador # # # # # # # # # # # #. Lo cual volcó la tesis fiscal hacia la institución del dolo eventual, pero sucede que tampoco existe prueba suficiente que demuestre que los acusados sabían o presumían que existía un riesgo elevado en la gestión financiera-contable-tributaria y que aún así omitieron efectuar alguna acción, siendo insuficientes los indicios existentes, más aún si concurren contraindicios razonables, que generan duda razonable a la concurrencia de este elemento volitivo.

07/08/2026

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👉 En conclusión, la aplicación irrestricta del artículo 42.1 de la Ley N.º 29277 al caso concreto no supera el examen de proporcionalidad ni se adecúa a la ratio legis de la norma, toda vez que se pretende neutralizar un riesgo de parcialidad inexistente dada la evidente inconexión territorial y funcional entre las instancias involucradas. En consecuencia, al no concurrir una justificación objetiva y razonable que legitime la restricción en este supuesto específico, la descalificación automática de la demandante constituye una afectación gravosa e inconstitucional a su derecho fundamental al trabajo, al acceso a la función pública en condiciones de igualdad y al libre desarrollo de la carrera judicial.

03/08/2026

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👉 Que, conforme a lo preceptuado por el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con el numeral 6 del Código Penal, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales, se aplicará lo más favorable al reo; que, en el presente caso, se imputa al acusado [...] el delito de extorsión, ilícito ocurrido los días 5 y 6 de julio de 1985, encontrándose previsto en el artículo 249 del Código Penal de 1924, con p***s alternativas de penitenciaría no mayor de 6 años o prisión no menor de un 1 ni mayor de 6 años; que, el Código Penal vigente sanciona dicha conducta en el artículo 200, inciso 4, con pena privativa de la libertad no menor de 12 años ni mayor de 20 años; que siendo esto así, es de aplicación al caso materia de autos la primera norma legal invocada ser por más favorable al reo, en atención al principio de ultractividad benigna.

31/07/2026

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👉 Consecuentemente, una vez agotado el periodo máximo de rotación corresponderá que el servidor retorne a su puesto de origen; debiendo la entidad adoptar las acciones oportunas y pertinentes para llevar a cabo ello. Una interpretación en sentido contrario implicaría la transgresión del principio de legalidad, pues, conforme a la normativa vigente, la rotación es una acción de desplazamiento temporal y no da derecho a permanecer indefinidamente en el puesto de destino.

24/07/2026

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👉 124. Como puede apreciarse, el tipo penal presenta una estructura análoga al artículo 283-A del Código Penal previamente analizado, y sancionan actos de colaboración voluntaria que favorecen específicamente la comisión del delito base. En el presente caso, respecto al delito de disturbios, este requiere, conforme ha sido desarrollado supra, la existencia de una reunión tumultuaria en la que se atente contra la integridad física de las personas o, mediante violencia, se cause grave daño a la propiedad pública o privada.

125. En la línea de lo sostenido supra, este Alto Tribunal también considera que el tipo penal en cuestión resulta inconstitucional, puesto que el tenor no reviste la suficiente precisión y riñe con el margen de actuación de la que gozan los ciudadanos —destinatarios de las leyes penales por antonomasia—, aunado a las eventuales imputaciones genéricas que pueden derivarse contra personas que desarrollan actividades lícitas de organización, logística o respaldo solidario de manifestaciones pacíficas.

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