09/03/2026
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Pronunciamiento ante las detenciones arbitrarias del 8M en Campeche
Condenamos enérgicamente las detenciones arbitrarias e ilegales de mujeres jóvenes ocurridas en el marco de las manifestaciones del 8 de marzo en Campeche. Mujeres que ejercían su legítimo y constitucional derecho a la protesta, alzando la voz contra la violencia estructural que enfrentan mujeres y niñas en el estado, en el país y en el mundo, y fueron detenidas sin órdenes de detención y en lugar distinto a donde ocurrieron los hechos que presuntamente motivaron las detenciones, y sin que existiera evidencia de su participación directa en los hechos registrados contra elementos del cuerpo policial.
Reconocemos que toda forma de violencia es inaceptable. Sin embargo, el Estado no puede responder con detenciones indiscriminadas sin respeto a los derechos humanos, al debido proceso y la presunción de la inocencia, hasta que se establezca alguna relación con los hechos sobre los que presuntamente las relacionan, y en consecuencia esto criminaliza la protesta feminista y vulneran derechos fundamentales.
Detener a quienes marchan no es justicia: es represión.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades de Campeche a:
Liberar de inmediato a todas las mujeres detenidas de forma arbitraria.
Garantizar el pleno derecho a la protesta pacífica, sin hostigamiento ni criminalización.
Brindar reparación a quienes sufrieron detención injustificada, incluyendo atención jurídica, psicológica y el resarcimiento del daño.
El estado debe ser el primero en respetar el debido proceso y la presunción de la inocencia, recordando que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”, como lo establece el artículo 16 Constitucional.
Por último, es preciso señalar que para la REDMYH, no se trata de poner el énfasis en lo de lo que presuntamente motivó las detenciones ilegales y arbitrarias, sino del deber prioritario de las autoridades de garantizar el estado de derecho y atender al debido proceso en todo momento con todas las personas.
