Gran Fraternidad Marcial

Santa Maria Chi, Merida,Yucatan,Mexico
A los 24 días del mes de mayo de 2026.

A LA OPINIÓN PÚBLICA
LOCAL, NACIONA E INTERNACIONAL

Mi nombre es Wilberth Alfonso Náhuat Puc, Comisario Municipal y representante elegido en asamblea por la comunidad indígena maya de Santa María Chi, Mérida, Yucatán, México.

Hoy escribo estas palabras no solamente para defenderme, sino para denunciar ante el mundo la criminalización sistemática que vivimos quienes decidimos levantar la voz para defender la vida, la salud de nuestras familias, nuestra tierra y nuestra existencia como pueblo originario maya.

Hace más de tres años inició en mi contra una persecución penal derivada de una protesta pacífica realizada por nuestra comunidad frente a las instalaciones de la empresa porcícola Grupo Porcicola San Gerardo vinculada a Grupo Porcícola Mexicano y sus marcas comerciales Keken, kiniton y Kuo. Aquella manifestación nació del dolor, del miedo y de la desesperación de nuestra gente, porque dentro de esas instalaciones se quemaban residuos y desechos de cerdo que contaminaban el aire que respirábamos todos los días, también contaminaban nuestra agua con todos los lixiviados que vertian a nuestras aguas subterraneas y por si fuera poco, también dejaban contaminado todo nuestro territorio donde ya no podíamos cultivar ningún alimento como consecuencia de tanta contaminacion a nuestro suelo. Nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras familias comenzaron a sufrir afectaciones a la salud mientras las autoridades guardaban silencio.

En lugar de escuchar a nuestra comunidad indígena maya, las empresas decidieron responder con denuncias penales. Tres guardias de seguridad presentaron acusaciones por supuesta privación ilegal de la libertad y posteriormente una representante legal denunció un supuesto despojo. Desde entonces, el aparato judicial ha sido utilizado para intimidar, desgastar y castigar a quienes defendimos nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.

Quiero decirle al mundo algo que no puede ignorarse:
las mismas empresas que hoy continúan impulsando acciones penales en mi contra fueron finalmente desalojadas y desmanteladas por órdenes de autoridades federales mexicanas, entre ellas SEMARNAT y PROFEPA, debido a la gravedad de la contaminación ambiental y los riesgos a la salud pública que provocaban en nuestra comunidad.

Es decir: mientras nosotros éramos tratados como criminales, las autoridades federales terminaron confirmando que nuestras denuncias eran reales.

Entonces la pregunta es inevitable:
¿por qué sigue vigente la persecución penal contra quienes defendimos la vida?
¿por qué el Poder Judicial del Estado de Yucatán continúa permitiendo que se utilicen los tribunales como instrumentos de intimidación contra defensores comunitarios indígenas?

En octubre de 2025 se dictó el sobreseimiento de la carpeta en mi contra. Sin embargo, la empresa apeló esa resolución y el caso fue escalado hasta la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Hoy nuevamente se me convoca a audiencia para el día:

17 de junio de 2026, a las 11:30 horas, en el Centro de Justicia Oral de San José Tecoh, Mérida, Yucatán.

Juezas :
Mary Isabel Mex Tzab
Blanca Estela Gongora Alcocer

No vemos este proceso como un simple asunto jurídico. Lo entendemos como parte de un mecanismo de presión y castigo dirigido contra quienes defienden sus territorios, su agua, su cultura y su pueblo.

Denunciamos públicamente al Gobierno del Estado de Yucatán y al Poder Judicial del Estado por formar parte de un sistema de intimidación que busca enviar un mensaje de miedo a toda persona que se atreva a defender la naturaleza, la vida comunitaria y la cosmovisión ancestral de los pueblos mayas.

Desde hace unos 24 días la granja contaminante ya no opera, fue clausurada y desmantelada. Pero el castigo contra quienes alzamos la voz continúa.

A los países que consumen carne de cerdo producida por Keken y Kiniton —Japón, Corea del Sur, Hong Kong, China, Canadá, Estados Unidos, Chile, Singapur, República Dominicana, Cuba, Vietnam, Costa de Marfil, Haití, Liberia y otros mercados internacionales— les pedimos que escuchen la voz de los pueblos mayas de Yucatán. Detrás de esa producción existe una realidad de contaminación, destrucción ambiental, afectaciones a la salud y agresiones contra comunidades indígenas que han sido obligadas a defenderse prácticamente solas.

Nuestra lucha jamás ha sido por odio.
Nuestra lucha es por la vida.

Defender el agua, el aire, la tierra y la salud de nuestros hijos no puede convertirse en un delito.

No queremos más defensores indígenas perseguidos, vigilados, judicializados o sometidos a medidas cautelares como si fueran criminales. No queremos que nuestras comunidades sigan viviendo bajo amenazas mientras las grandes empresas utilizan su poder económico y político para intentar silenciarnos.

Como pueblo maya, seguimos de pie.
Seguimos resistiendo.
Y no vamos a bajar la guardia.

Recordemos que cuando una comunidad indígena defiende su territorio, no solamente está defendiendo un pedazo de tierra: está defendiendo la memoria de sus ancestros y el derecho de las futuras generaciones a seguir existiendo.

Atentamente,

Wilberth Alfonso Náhuat Puc
Comisario Municipal de Santa María Chi
Representante de la comunidad indígena maya
Mérida, Yucatán, México.

🛑 Un caso que causó gran controversia hace casi dos meses volvió a tomar fuerza luego de que ciudadanos cuestionaran la falta de avances visibles en una investigación relacionada con un video difundido ampliamente en México. Las imágenes, grabadas dentro de un elevador, provocaron preocupación y fuertes reacciones entre miles de personas.

De acuerdo con comentarios surgidos alrededor del caso, varias personas consideran que el contenido del video mostraba una situación delicada relacionada con menores de edad. Sin embargo, según declaraciones atribuidas a la fiscal Bertha Alcalde, las autoridades señalaron que en las imágenes “no se observa con exactitud lo sucedido”, por lo que el proceso no avanzó públicamente como muchos esperaban.

El tema también estuvo rodeado de polémica luego de que las autoridades descartaran cualquier vínculo entre el hombre captado en el video y otro caso relacionado con la muerte de una joven ocurrida en el mismo edificio. A pesar de ello, residentes del lugar aseguraron que el individuo supuestamente frecuentaba el inmueble acompañado de menores, situación que habría sido reportada anteriormente.

Actualmente, usuarios continúan cuestionando la falta de información oficial sobre el caso, incluyendo la identidad y paradero del hombre involucrado.

🚨 HOY SUJEY Y SU HIJO DAMIÁN ESTÁN A PUNTO DE QUEDARSE SIN UN LUGAR DONDE VIVIR 💔

La casa donde viven fue prestada… y ahora les pidieron desalojarla.

Damián vive con distrofia muscular y cada día su situación se vuelve más difícil.
Su mamá ha luchado sola contra todo, pero hoy necesitan de nosotros más que nunca 🙏

No estamos hablando de lujos.
Estamos hablando de que no pierdan el poco techo que tienen.

Cada boleto, cada apoyo y cada compartida puede hacer una diferencia REAL en sus vidas.

A veces pensamos que alguien más ayudará…
pero esta vez, ese “alguien” tenemos que ser nosotros. ❤️

📩 Mándanos mensaje y te explicamos cómo apoyar a Damián y a su mamá.

🚨 ‼️ ALERTA ‼️ Acusan a Hector Santana de intimidación a periodista por caso Playa Las Cocinas.

¿Hasta dónde puede llegar el poder para callar a quien cuestiona?

El periodista Armando Galera - Informado Caribe, denunció presunta intimidación por parte del alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, luego de exhibir lo que ocurre en Playa Las Cocinas… y todo escaló cuando, según su testimonio, enviaron personal a recorrer más de 2 mil kilómetros para ubicar su domicilio con el argumento de un “derecho de réplica”.

El contexto no es menor: un permiso millonario de más de 21 millones de pesos para un desarrollo turístico señalado por afectar el ecosistema marino en Punta de Mita.

El comunicador asegura que está obligado a publicar la réplica sin poder responder de inmediato… mientras crece la preocupación por posibles presiones, detenciones en la zona y lo que muchos ya llaman un golpe a la libertad de expresión.

Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha fijado postura, y seguramente cuando lo haga saldrá con lo de siempre: "El es el bueno" 😇

¿Defensa legal… o intimidación? 👀