14/09/2018
Al presidente de la República del Perú.
Ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo
A las organizaciones populares y verdaderos demócratas.
Las suscritas Irene Ortiz Pacheco Licenciada en Educación Primaria y Gabriela Jiménez Rodríguez licenciada en Derecho, maestrante en derecho penal y catedrática en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el país de México; en el mes de julio del presente año acudimos a la ciudad de Lima, Perú a presenciar las Audiencias públicas en la Base naval del Callao, en donde se le imputaron cargos de terrorismo (caso Tarata) y narcotráfico a los integrantes del Comité Central del Partido Comunista del Perú, participantes en el conflicto armado durante la década de los ochenta y parte de los noventa: Dr. Rubén Abimael Guzmán Reynoso, profesora Elena Iparraguirre Revoredo, antropólogo Osmán Morote Barrionuevo, Margot Liendo Gil, profesora Laura Zambrano, sr. Edmundo Cox, socióloga Carmen Pantoja.
La suscrita Gabriela Jiménez estudié en una escuela pública en donde me enseñaron los principios universales y básicos del derecho penal: como es el debido proceso, el plazo razonable, la cosa juzgada, la racionalidad de la pena, la no retroactividad de la ley, el principio de legalidad, etc. conocimientos suficientes para reconocer claramente que estos procesos eran una farsa, en los cuales NO SE RESPETARON estos principios.
La única sentencia posible que podían emitir los Magistrados era el desestimar todas y cada una de las imputaciones vertidas por la fiscalía en contra de los imputados.
Hoy nos enteramos que los jueces dictaron una aberrante sentencia de cadena perpetua, y no podemos dejar de expresar nuestro repudio total a esta ilegal decisión por un poder que está podrido hasta la médula. Por jueces venales, que cometen prevaricación, sin que haya poder alguno que se los impida.
Señor presidente del Perú, un gobierno que se precie de ser democrático, aplica y cuida que se aplique el derecho internacional, así como los tratados internacionales que su país ha signado para hacer cumplir los derechos humanos a los presos políticos del Perú. Ratifica una posición demócrata tratar a los presos políticos según lo confirmado en el derecho internacional. Que, pese a posiciones de ultraderecha, ese derecho existe.
Nosotras pudimos observar con nitidez que el poder judicial compuesto por jueces corrompidos de pieza a cabeza están utilizando el derecho como un arma de exterminio a quienes piensan diferente, y contra quienes se pronuncian por una amnistía general, no parcial como ya se dio con el Ex presidente Alberto Fujimori quien sólo estuvo preso un tercio de su condena con todas las atenciones; política que permita la reconciliación nacional entre los participantes en dicho conflicto interno, América latina no necesita más encono, ni odios, ni cadenas perpetuas.
Pudimos constatar que desde las entrañas del gobierno mismo no se reconoce que hubo un conflicto interno, una guerra civil, en el que enfrentaron dos partes una dirigida por el Partido Comunista del Perú y la otra por el Estado peruano, y prefieren utilizar términos acuñados por los EEUU para atacar cualquier movimiento. En este sentido tildar de “terroristas” o “apologistas del terrorismo” es la acometida que el gobierno peruano, a través de la DIRCOTE (Dirección Nacional Contra el Terrorismo) lanza en contra de toda persona u organización que se atreva a expresar su opinión sobre los posibles causes legítimos que permitan la reconciliación nacional en el Perú, esto después del conflicto armado que se vivió en dicho país.
Esta política de criminalizar a todo aquel que piensa diferente lo quieren extender a otros países y ciudadanos, a los pocos días de haber deja Perú, un “noticiero” lanzó una campaña repleta de mentiras, tergiversaciones, calumnias y amedrentamientos. Por este medio Señor presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, le hacemos saber que:
Esa necedad de no reconocer un hecho histórico es totalmente contrario a la razón, al derecho y a experiencia social a través de la historia: pues en América Latina abundan los casos en que durante o después de un conflicto interno se da la participación de otros países o personas como mediadoras o facilitadoras de diálogos que permitan la solución de dichos conflictos, en el Salvador por ejemplo, 1980 fue de gran violencia e inestabilidad en el mencionado país, se había desatado un conflicto interno claro entre dos fuerzas: por un lado las fuerzas opositoras al gobierno que proponían un cambio de orden social y económico para la Nación Salvadoreña y por el otro, el gobierno en turno; en 1981 era evidente que había una guerra civil en El Salvador, entre enero y julio de ese año habían sido asesinadas alrededor de diez mil personas, más de trescientos mil salvadoreños habían tenido que huir del país y no era fácil determinar qué parte tenía la capacidad de ganar la guerra. Estos fueron los antecedentes de la llamada “Declaración Franco – Mexicana” (28 de agosto de 1981) , mediante la cual el gobierno francés y mexicano proponían la necesidad de establecer mecanismos de dialogo entre las partes que permitieran una solución política al conflicto y con ello detener el derramamiento de sangre, como consecuencia le reconocían a la alianza del ‘Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional’ y del ‘Frente Democrático Revolucionario’ el carácter de fuerza beligerante o revolucionaria, como una fuerza política representativa dispuesta a asumir las obligaciones y ejercer los derechos que de ella se derivaban, reconocerle ese carácter les permitía al FMLN participar en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis. Posteriormente se firmaron los Acuerdos de Paz firmados en el Castillo de Chapultepec en México el 16 de enero de 1992, mediante el cual el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño pusieron fin a más de una década de guerra, el papel de México fue clave para este proceso de paz. Lo mismo ocurrió en el hermano país de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano llegaron a un Acuerdo de Paz, por el cual mediante una solución política pusieron fin a un conflicto interno armado de varios lustros, Acuerdo que tuvo la participación de países facilitadores como Venezuela y Cuba. La búsqueda de la reconciliación y la paz en los países que vivieron situaciones de conflicto armados no es un delito, por ello rechazamos enérgicamente la criminalización o denostación en contra de nuestras personas.
Rechazamos la persecución política en contra de las personas que haciendo uso de sus derechos fundamentales investigan y vierten un punto de vista. Hacemos un llamado al gobierno federal que esta por entrar en funciones (1° de diciembre), a que se pronuncie en contra de la criminalización de ciudadanas mexicanas como nosotras que por el sólo hecho de aplicar sus conocimientos en un caso en el que se está utilizando el derecho penal como arma política.
Todos esto elementos nos permiten plantear
La libertad sin dilaciones de los enjuiciados en el caso Tarata y Narcotráfico, por ser una farsa de juicio, en el que los encargados del Poder judicial son los menos indicados pues están ahí no por sus méritos sino por diferentes componendas. Es tan grande la farsa, que ni si quiera les preocupa las denuncias contundentes que se han dado a conocer por diferentes medios, y demuestra la sinrazón de esos juicios.
La amnistía parcial que practicaron con el Expresidente Alberto Fujimori, acusado de crímenes de Lesa humanidad, es motivo para exigir la amnistía para los dirigentes del Partido Comunista del Perú.
Cese de toda persecución por ideas a los ciudadanos simpatizantes con la exigencia de una Amnistía General y Reconciliación Nacional.
Lic. Gabriela de la Luz Jiménez Rodríguez.
Profesora Irene Ortiz Pacheco.
