Dr. Rafael Ramírez Villaescusa

Mi total apoyo a la Rectora Rita Plancarte

Uno de los principales argumentos por parte de los defensores de la Reforma Judicial es el relacionado a la falta de legitimidad democrática de los jueces. En mi colaboración de hoy ofrezco argumentos para desestimarlo. Si resulta de su interés los invito a compartir.

JUECES POR ELECCIÓN POPULAR: UNA PÉSIMA IDEA

Dr. Rafael Ramírez Villaescusa

En días pasados, el presidente de la República ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación su reforma constitucional al sistema de justicia ignorando una suspensión provisional dictada por una autoridad jurisdiccional. Este acto refleja una vez más el talante autoritario y el desprecio a la legalidad del titular del Poder Ejecutivo. Para quienes desde el ámbito jurídico seguimos su actuación, esta conducta es consistente con su historial.

Sin embargo, dejaré de lado el talante antidemocrático del presidente y me centraré en analizar uno de los aspectos más nocivos de la reforma aprobada: la elección popular de jueces. Como bien sabemos, México, como sistema democrático, se basa en la división de poderes, una forma de organización que busca evitar la concentración del poder. Esto es crucial, ya que la concentración de poder facilita los abusos de autoridad, una realidad que la historia ha demostrado con creces.

La doctrina clásica de la división de poderes propone dividir el ejercicio del poder en tres ramas con competencias diferenciadas. La rama legislativa se encarga de elaborar las leyes, la rama ejecutiva de ejecutarlas, y la rama judicial de resolver los conflictos que surjan en torno a su observancia y aplicación. Esta división permite la generación de contrapesos, a fin de que ningún poder pueda actuar sin la supervisión y limitación de los demás.

Al tenor de lo anterior y de acuerdo con el principio de legalidad, el Ejecutivo solo puede realizar aquellas acciones que le hayan sido expresamente facultadas por las normas aprobadas por el Legislativo. Para que estas normas entren en vigor, requieren la sanción del Ejecutivo, quien tiene la facultad de vetarlas. A su vez, la rama judicial puede invalidar normas o anular actos de autoridades cuando considere que violan preceptos constitucionales, aunque esto solo puede ocurrir a petición de parte.

El sistema democrático constitucional al que México se adhiere se basa en dos elementos esenciales: primero, la existencia de mecanismos institucionales que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones; y segundo, la garantía de los derechos individuales. Si cualquiera de estos elementos falla, no podríamos hablar de un sistema democrático y constitucional en su totalidad.

Nuestra democracia es de carácter representativo, por lo que la ciudadanía participa en la toma de decisiones mediante representantes electos popularmente y que integran al Poder Legislativo. Para que esto sea efectivo, es necesario contar con un andamiaje institucional que garantice procesos electorales creíbles y equitativos, así como acceso a medios de información plurales. La elección popular de los titulares de los poderes ejecutivos también busca asegurar que la ciudadanía tenga un papel activo en el ejercicio del poder a través de ellos.

El Poder Judicial, a diferencia de los otros poderes, no tiene como función representar la participación del pueblo en la toma de decisiones, sino garantizar el respeto a los derechos individuales. Para cumplir este rol, es fundamental que los jueces se mantengan fuera de la dinámica electoral. Los jueces no deben responder a la voluntad de las mayorías, sino proteger la legalidad y los derechos, incluso cuando dicha protección no cuente con el apoyo o el beneplácito popular. La única manera de lograrlo es asegurando su independencia frente a presiones ciudadanas, políticas o de cualquier otra índole.

¿Cómo garantizar que el Poder Judicial pueda cumplir eficazmente su función? El modelo democrático constitucional responde con las garantías de independencia judicial. Mientras los jueces no estén influenciados por la popularidad de sus decisiones y sus cargos estén asegurados, salvo en casos de faltas graves, podrán resolver los conflictos con imparcialidad. Estas garantías incluyen un sistema de control disciplinario no politizado, un atractivo esquema de remuneración —incluso después de dejar el cargo, como es el caso de los ministros de la Corte—, la estabilidad en sus cargos y la inamovilidad en su sede, por mencionar algunas.

La reforma vulnera los principios fundamentales del sistema democrático constitucional. Someter a los jueces a elección popular los convierte en vulnerables a presiones políticas, económicas e incluso criminales, lo que debilita su imparcialidad. No sorprende que la condena a esta reforma haya sido prácticamente unánime en los ámbitos académicos, las barras de abogados y los organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos.

La reforma aprobada desestima décadas de formación y experiencia judicial, abriendo la puerta a que personas con mejor estructura político-electoral ocupen cargos judiciales, mientras se relegan a aquellos con mayores competencias profesionales. Este retroceso envía un mensaje desalentador al estudiantado de derecho, quienes verán cómo las alianzas políticas se anteponen a los méritos profesionales como mecanismos de superación y progreso personal.

En las próximas semanas, probablemente veremos la activación de mecanismos jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, para intentar frenar esta grave amenaza a la incipiente democracia mexicana. Espero que este periodo autocrático sea breve, y que juntos logremos reconstruir los pilares democráticos que se han erosionado.

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Este 16 de septiembre no hay mucho que celebrar. México ha iniciado el camino del desmantelamiento democrático. Habrá quiénes desde la ignorancia o el resentimiento se regocijen. El gusto les durará poco cuando adviertan que han soltado una serpiente a cuyo veneno no resultarán inmunes. A nosotros nos tocará reconstruir algo de lo mucho que hoy hemos perdido. Qué las próximas generaciones sean benevolentes con nosotros por no haber podido defender de mejor manera el México que ellas se merecían.

Comparto con ustedes mi colaboración para el portal Kiosco Mayor, a propósito de la reforma judicial. Espero resulte de su interés y no duden en compartir.

Destruir a la Democracia / Rafael Ramírez Villaescusa - Kioscomayor Destruir a la Democracia Rafael Ramírez Villaescusa Lunes 9 de septiembre de 2024 La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador, avalada por la presidenta electa y acogida con fervor por la bancada oficialista y sus aliados, es un golpe artero en contra del sistema de gobi...

Compañeras y compañeros del Poder Judicial de la Federación me han compartido esta imagen, por supuesto que ahí estaré para apoyarlos.

Como uno más me he unido, junto a mi padre, maestro de más de 46 generaciones de abogados en nuestra Unison y de mi madre, a la marcha en apoyo al Poder Judicial de la Federación!

Un honor el poder unirme a compañeros, alumnos y ex alumnos en la defensa del en

A propósito del denominado "Plan C" les comparto las siguientes reflexiones. Si las consideran interesantes les encargo compartirlas:

¿Por qué los mercados reaccionaron con aversión ante la posibilidad de que avance el denominado plan C? Porque una de las variables más importantes para explicar la disposición a invertir en un país es su calidad institucional.

Las instituciones hacen referencia a las reglas del juego que norman nuestra convivencia, pero también suelen hacer referencia a las organizaciones encargadas de su aplicación.

Un marco normativo estable y predecible es requisito necesario para el desarrollo económico de un país. También lo son reglas favorables al funcionamiento de una economía de mercado, en particular aquellas que aseguran el cumplimiento de las obligaciones y las que previenen comportamientos contrarios a la competencia.

El plan C plantea, entre otras cosas, desaparecer órganos constitucionales autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, institución que, entre otras cosas, combate prácticas monopólicas.

La reforma judicial es otro tema que el mercado observa con recelo. Sobre todo, si como es el caso, tiene su razón de origen en el revanchismo político.

El plan C es peligroso porque abre la posibilidad a un Sistema de justicia rehén de intereses políticos y electorales. Ello entra en claro conflicto con el principio de independencia judicial.

Queremos un poder judicial independiente para que sus resoluciones puedan ser adoptadas bajo criterios de imparcialidad. Que los jueces resuelvan conforme a la ley, no a los deseos de los políticos o de sus electores.

Vulnerar la independencia judicial torna menos atractivo invertir en el país. Los capitales tienden a buscar entornos más seguros y por tanto abandonan aquellos lugares cuyo riesgo se ha incrementado.

La salida de capitales siempre es una mala noticia, afecta al crecimiento económico y sin crecimiento no puede haber una mejora sostenida en la calidad de vida.

Contrario a la narrativa oficialista que se ha instalado en el subconsciente de muchos Mexicanos, nuestro país ha experimentado importantes avances en las últimas décadas.

Sería una tragedia tirar a la basura lo bueno que se ha hecho para heredarle a nuestros hijos un México probablemente peor que aquél que recibimos.

Importante llamado de la administración institucional universitaria, que encabeza la Rectora María Rita Plancarte, para que docentes y estudiantado que aún no lo hayan realizado, entablen comunicación a través de las plataformas institucionales con el objeto de definir los mecanismos para cumplir con las actividades que quedaron pendientes a raíz del estallamiento a huelga

El día de hoy la administración institucional de la Universidad de Sonora presentó un último ofrecimiento a los integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS), en el marco de la huelga que se vive en la institución. Dicho ofrecimiento es producto del esfuerzo conjunto de la Universidad y del Gobierno del Estado. Hago votos para que la propuesta sea valorada por las y los integrantes del STEUS y permita transitar a la normalización de las actividades universitarias.