European Projects Office - CSIC Andalucía

Tras muchos años de servicio en una institución pública a la que dediqué mi vida profesional con entrega y compromiso, me veo con la necesidad —ahora que ya estoy jubilada— de compartir una experiencia profundamente dolorosa que viví durante mis últimos años en activo.
Durante esos últimos años, sufrí una serie de actuaciones que, a mi juicio, constituyeron un acoso laboral encubierto. Así, y coincidiendo con el diagnóstico de una enfermedad, que no redujo mi actividad profesional, se tomaron unas decisiones institucionales ajenas completamente a mi voluntad que acabaron apartándome de las responsabilidades que venía desempeñando. Fueron decisiones tomadas sin transparencia, sin empatía y, sobre todo, sin ningún tipo de apoyo por parte de quienes, en teoría, deberían haber velado por mis derechos.
¡Y es que no sólo no se me ofrecieron medidas de adaptación o conciliación razonable, sino que utilizaron mi situación médica como justificación para excluirme progresivamente de espacios de decisión y coordinación, hasta dejarme en una posición marginal y simbólica!
Todo se llevó a cabo con el respaldo y/o pasividad de quienes ocupaban puestos de responsabilidad dentro de la estructura institucional. De hecho, el silencio y la complicidad, fueron, en muchos casos, más hirientes que las propias decisiones explícitas.
Ya libre de vínculos laborales con una institución pública del ámbito científico, creo importante compartir este testimonio para visibilizar cómo el maltrato institucional existe —y con más frecuencia de lo que pensamos— en ámbitos académicos y científicos donde se presume de ética y excelencia.
Este mensaje es simplemente la necesidad de decir en voz alta que lo que me ocurrió fue completamente injusto y que callarlo solo alimenta la impunidad de aquellos que participaron en tales decisiones.