La Plataforma por la educación pública, laica y gratuita de Ciudad Rodrigo está constituido por diversos colectivos, asociaciones, sindicatos, partidos y ciudadanos individuales en defensa de este derecho universal. BORRADOR DE MANIFIESTO CONSTITUTIVO
La Plataforma por la Educación Pública, Laica y Gratuita de Ciudad Rodrigo defendemos la Escuela Pública como el resultado del enorme esfuerzo realizado de manera sostenida durante años de lucha por parte de toda la sociedad, con el objetivo de transmitir su cultura, sus valores y sus conocimientos a las generaciones futuras. La finalidad de este esfuerzo es formar personas y ciudadanos íntegros y completos, lo que constituye un derecho fundamental reconocido por la Constitución en su artículo 27, derecho personal inalienable, innegociable e irrenunciable que no puede ser sometido ni supeditado a intereses partidistas ni economicistas de ningún tipo. Nuestro sistema educativo debe anteponer los fines sociales y el bien común a los intereses individuales, garantizando de este modo la cohesión social y territorial mediante la defensa de la enseñanza pública, gratuita y laica con objetivos educativos comunes y financiada suficientemente por medio de un sistema fiscal justo y progresivo: una red pública única de centros cuyo desarrollo vaya haciendo innecesarios los conciertos educativos. Reconociendo la legitimidad de este gobierno para desarrollar la política educativa que le garantiza su mayoría parlamentaria, no que¬remos dejar pasar este momento sin dar respuesta al citado proyecto, analizando las consecuencias que va a tener para la educación, pues se trata de una reforma que altera sustancialmente las bases de la educación que se ha venido construyendo, que socava la importancia que tiene la educación pública para una sociedad integradora y que presenta una serie de medidas que, pretendidamente, están dirigidas a la mejora de la calidad de la educación, cuando algunas de ellas van a deteriorarla en realidad. En contra del sesgo economicista del anteproyecto de LOMCE, el objetivo de la educación comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, ciudadanos responsables y trabajadores cualificados. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado. La LOMCE avala la segregación por sexos en centros concertados, hoy fundamentalmente centros promovidos por organizaciones ultraconservadoras. La escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género. Los efectos individuales y colectivos de la crisis se concentran en las personas y países con menor nivel de formación. Sabemos que la economía que resurja de ella y los nuevos empleos requerirán una fuerza de trabajo más cualificada. Por ello es esencial, precisamente en tiempos de crisis, un esfuerzo cuantitativo y cualitativo en educación. Denunciamos que se produzcan casos tan sangrantes como el de la Escuela Pública Infantil José Manuel Hidalgo de nuestra localidad, cuya gestión, a pesar de ser una escuela de titularidad pública, será llevada a cabo por una entidad privada, tendrá unos precios desorbitados e inasumibles para la mayoría de padres y terminará convirtiéndose en una escuela elitista y excluyente a pesar de haber sido pagada con el dinero de todos. Hoy es más importante el esfuerzo de todos, incluida la colaboración entre las administraciones y el profesorado, con más y mejor aportación presupuestaria y profesional, así como una reorganización flexible de los centros. Pero no se puede confundir una política de racionalización y modernización con una de recortes indiscriminados.Los gobiernos central y autonómicos están recortando partidas que consideran no esenciales: comedores, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la jornada escolar misma. Sin embargo, en medio de esta crisis y sabiendo cómo afectan al desempeño escolar las condiciones de vida, la opción debe ser la opuesta: asegurar la gratuidad de transporte, comedor y material escolar, así como evitar la intensificación de la jornada escolar y propiciar un horario de apertura más amplio. Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social. La ciudadanía requiere acceder a conocimientos y desarrollar actitudes acordes con el carácter liberal, democrático y social de nuestro Estado de derecho. Es decir, que propicien el respeto a la ley y las normas de convivencia, la aceptación de otras opciones y formas de vida admitidas por la Constitución y las leyes, un compromiso participativo con la democracia, y la cohesión y la solidaridad sociales. Esto exige un consenso sobre ideas y valores compartidos y tolerancia activa hacia otros no compartidos. La participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe reforzarse como forma de pertenencia, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión. lo opuesto al control autoritario. Nos preocupan signos evidentes de empobrecerla y recortarla presentes en él. No existe un consenso sobre la noción de calidad educativa. Se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación. Los resultados escolares entendidos así no son un indicador sostenible de la calidad educativa. El sistema educativo se funda en la confianza en el docente y su capacidad profesional. Por ello merece apoyo y reconocimiento en el ejercicio de su función, más en momentos de cambio social e incertidumbre. Debe tener un compromiso claro con sus alumnos, su centro y la educación misma, y una actitud cooperativa con las familias y la comunidad. Las actuales condiciones y propuestas legislativas derivan competencias a otros agentes, expropiando aspectos centrales de su labor. Es fundamental mejorar formación, selección, desarrollo profesional y evaluación de los docentes. En la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control —como plantea el anteproyecto— basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad escolar dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos. El fracaso no es anónimo; tiene nombre, historia y cultura. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser naturalizarlo sino, por el contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Por contra, la ley acepta ese fracaso como inevitable y el gobierno elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los alumnos más vulnerables. INTEGRADORA. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, el gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana. Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la formación profesional en una vía mu**ta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los dieciséis obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, lo opuesto a la merma de la participación que supondría la conversión de los consejos escolares en meros órganos consultivos. Se ha de acentuar el carácter pedagógico de la dirección (coordinación, innovación…) frente a la visión gerencial del anteproyecto. La dirección ha de garantizar el ejercicio de deberes y derechos de la comunidad y la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto educativo de centro, y no debe ser un mero representante de la Administración o del claustro docente. Un liderazgo compartido es más coherente con el carácter de la escuela. TRANSPARENTE Y PLURAL. El sistema resulta en muchos aspectos opaco para los profesionales, la comunidad escolar y la sociedad. Se precisa potenciar al máximo la transparencia, permitiendo el acceso a la información sin otra restricción que el respeto a la propia imagen y la intimidad. Hay que desarrollar indicadores fiables del desempeño docente, el funcionamiento de los centros, la implementación de proyectos, los resultados de programas y políticas y el estado general del sistema, pero sin distorsionar con ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Leyes y políticas deben respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, en vez de utilizarse como instrumentos de centralización, uniformización y control burocrático. Esto no es óbice para reclamar transparencia, movilidad, coordinación y coherencia en todo el ámbito del Estado. En esta misma línea, asistimos a procesos de privatización de la gestión de centros de Educación Infantil construidos con dinero público, en una clara estrategia de reducir tanto el carácter educativo de este ciclo como de reducir el papel público en la estructura general del sistema educativo. En Ciudad Rodrigo, en particular, actualmente se ha construido una escuela infantil con dinero público que lleva el nombre de “José Manuel Hidalgo” pero cuya gestión se adjudicará a una empresa privada. Desde la Plataforma, asumimos la exigencia de los ciudadanos de que su gestión sea de carácter público, siendo la Junta de Castilla y León quien asuma las competencias directas dentro de su red de escuelas infantiles, de modo que se garanticen precios que permitan el acceso de tod@s los niñ@s. La Plataforma por la Educación Pública, Laica y Gratuita de Ciudad Rodrigo pretende aunar los esfuerzos de las distintas organizaciones políticas y sociales del municipio; englobando, por tanto, a la comunidad educativa: directores de centros educativos, profesores, representantes estudiantiles, AMPAS; a partidos políticos, asociaciones de todo tipo, sindicatos, así como cualquier ciudadano que quiera adherirse a título personal. Invitamos, por tanto, a toda la ciudadanía a adherirse a la Plataforma, porque la educación pública, laica y de calidad para tod@s debe ser defendida por tod@s.
