El Boletin de Ecuador

| ¡OPERATIVO EN PÍLLARO DESTAPA PRESUNTO CASO DE USURA!

Un operativo preventivo realizado por servidores policiales del GOM del Distrito Píllaro terminó con la identificación de indicios relacionados con un presunto delito de usura.

Durante los controles y registros a personas y vehículos, los uniformados encontraron elementos que estarían vinculados con esta actividad.

Como resultado del procedimiento fueron retenidos:

💵 Dinero en efectivo
📱 1 teléfono celular
🏍️ 1 motocicleta

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

La Policía señaló que este tipo de operativos forman parte de las acciones preventivas para combatir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana en Tungurahua.

Cámaras municipales de Quito y Guayaquil quedan bajo escrutinio por presunto uso irregular de videovigilancia

El acceso y utilización de sistemas de videovigilancia municipal generan cuestionamientos políticos y pedidos de investigación. Una denuncia presentada ante la Fiscalía también menciona un supuesto seguimiento con cámaras y posibles conexiones entre sistemas de Quito y Guayaquil.

El manejo de los sistemas de videovigilancia municipal en Quito y Guayaquil entró en el centro del debate político nacional, luego de que el Ejecutivo presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto uso irregular de estas herramientas con fines de seguimiento político.

Según la información difundida sobre la denuncia, el señalamiento apunta al expresidente Rafael Correa, a quien se atribuye presuntamente el uso de sistemas de videovigilancia para realizar seguimiento o perfilamiento de opositores. Estos hechos deberán ser investigados por la Fiscalía, que deberá establecer si existieron conductas ilícitas y determinar eventuales responsabilidades.

La controversia también alcanza a los sistemas municipales de seguridad de Quito y Guayaquil. En el caso de la capital, el acceso, control y utilización de las cámaras municipales han comenzado a generar cuestionamientos sobre los mecanismos de administración y protección de la información obtenida mediante videovigilancia.

El debate tomó mayor fuerza tras la polémica relacionada con una presunta “sala espejo” de Segura EP en Guayaquil, durante la administración del alcalde Aquiles Álvarez. Este caso abrió interrogantes sobre quiénes podían acceder a las imágenes de las cámaras municipales, bajo qué protocolos y con qué finalidad.

En Quito, la discusión coloca bajo escrutinio a la administración del alcalde Pabel Muñoz, particularmente respecto de los sistemas de videovigilancia utilizados para seguridad ciudadana y coordinación con otras instituciones.

Uno de los principales puntos de preocupación gira en torno al manejo de la información generada por miles de cámaras instaladas en espacios públicos. El acceso a estas imágenes, los mecanismos de almacenamiento, los protocolos de consulta y las eventuales conexiones con otros sistemas son aspectos que podrían ser revisados dentro de las investigaciones correspondientes.

Por ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia y de un debate político que deberá ser esclarecido mediante investigaciones formales. La Fiscalía tendrá que determinar si existió un uso indebido de los sistemas de videovigilancia, quiénes tuvieron acceso a la información y si se configuraron responsabilidades penales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible para las principales ciudades del país: cómo garantizar que las herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana no sean utilizadas para fines ajenos a su propósito legal.

Mientras avanzan las investigaciones, las administraciones municipales de Quito y Guayaquil quedan bajo la atención pública por el manejo de sus sistemas de videovigilancia y por las garantías existentes para evitar un uso indebido de la información.

|| ¡DIOS SANTO 11 ASESINATØS DURANTE EL FERIADO! ¡Cifras de hechos violentos suben a 322 en el distrito Manta!

Paola Mendoza (32) es la identidad de la mujer que llegó herida con proyectiles de bala al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta en la madrugada, ella falleció horas después de ser ingresada.

Según se informó, la mujer habría sido dejada allí en el hospital y sus acompañantes se retiraron de la escena; horas después se contactaron con el dueño del vehículo e indicaron que ellos solo la ayudaron porque pedía auxilia por el barrio Santa Martha.

Policía confirmó que Mendoza ya había sufr¡do un atentadø en el año 2024. En una jornada cargada de crímenęs el vehículo isotérmico de medicina legal a recorrido varios cantones de la provincia de Manabí, siendo Manta el distrito con más as3sinatos.

En lo que va del año, Manta, Montecristi y Jaramijó ya suman 322 as3sinatos durante este año.

Hoy se cumplen tres años del crimen.
La Fiscalía pidió al juez emitir el auto de llamamiento a juicio contra los siete procesados por la autoría intelectual del as*****to del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y contra cuatro de ellos, pidió que se emita la difusión roja a través de Interpol para su captura y que se inicie el proceso de extradición ante la Corte Nacional de Justicia: José Serrano, Ronny Aliaga, Xavier Jordán y Wilmer Chavarría, alias Pipo.

PRIMERO SEGURA EP AHORA UNA “SALA ESPEJO” EN QUITO SE SUMA A LAS SOSPECHAS POR EL USO DE CÁMARAS MUNICIPALES

El manejo de las cámaras de seguridad de Quito vuelve a encender las alarmas. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el Gobierno asumirá el control del centro de videovigilancia de la capital y recordó sus denuncias sobre la presunta participación de exfuncionarios de la antigua Senain en sistemas de monitoreo vinculados al Municipio.

El caso recuerda lo ocurrido en Guayaquil. Allí, Reimberg denunció que Segura EP habría sido utilizada como una “sala de espionaje” y reveló la existencia de una denominada “sala espejo” instalada en dependencias municipales, desde donde se podía acceder al sistema de videovigilancia. El caso llegó a la Fiscalía y a un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional.

Ahora las sospechas alcanzan a Quito, cuyo Municipio es administrado por Pabel Muñoz, dirigente de la Revolución Ciudadana. Los cuestionamientos sobre el manejo de las cámaras, sumados a los señalamientos sobre exfuncionarios de inteligencia, abren una interrogante que ya trasciende a Quito y Guayaquil.

Más grave todavía es determinar si herramientas adquiridas para proteger a los ciudadanos pudieron terminar sirviendo para vigilarlos o si estos sistemas podrían ser vulnerables al acceso de estructuras criminales o GDO.

Las acusaciones deberán ser investigadas y comprobadas por las autoridades competentes. Pero después del antecedente de Segura EP y de los nuevos cuestionamientos en Quito, una auditoría nacional sobre el acceso, almacenamiento y utilización de las cámaras administradas por los municipios aparece como una exigencia necesaria.