12/09/2026
🚨🆘 | El 18 de agosto de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Ecuador. El país se mantiene en el nivel 2 de una escala de cuatro; sin embargo, determinadas zonas están clasificadas en los niveles 3 y 4, debido a riesgos asociados con delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros (U.S. Department of State, 2026).
De acuerdo con la U.S. Department of State (2026), la clasificación territorial comprende las siguientes zonas:
➡️ Nivel 3: reconsidera los viajes: Guayaquil, al norte de la Avenida Portete de Tarqui; El Oro fuera de las ciudades de Huaquillas y Arenillas; Los Ríos, fuera de Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo; todas las zonas al sur de la ciudad de Esmeraldas; Sucumbíos; Manabí; Santa Elena y Santo Domingo.
➡️ Nivel 4: no viajar: Distritos de Nueva Prosperina y Pascuales, zonas al sur de la Avenida Portete de Tarqui en Guayaquil; Huaquillas y Arenillas en la provincia de El Oro; Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos; Durán en la provincia del Guayas; Esmeraldas ni a ninguna zona al norte de la ciudad de Esmeraldas.
Esta clasificación está dirigida formalmente a ciudadanos estadounidenses que pretenden viajar a nuestro país. Sin embargo, los territorios señalados no constituyen únicamente destinos turísticos: son espacios donde viven familias, funcionan escuelas, colegios, universidades, y donde miles de docentes deben trasladarse diariamente para garantizar el derecho a la educación. Por tanto, el problema adquiere una dimensión mucho más profunda, ya que sus efectos alcanzan directamente al sistema educativo y, particularmente, a miles de comunidades escolares ubicadas en los territorios que actualmente concentran elevados niveles de riesgo.
El cruce de estas alertas con los datos abiertos del Ministerio de Educación correspondientes al año lectivo 2024-2025 permite identificar que, en los territorios considerados dentro de los distintos niveles de alerta, funcionan aproximadamente 8.091 instituciones educativas, en las que estudian 2.588.591 niños, niñas y adolescentes y trabajan alrededor de 121.330. La vida cotidiana de estas comunidades educativas se desarrolla, con distinta intensidad, en contextos afectados por problemas de inseguridad y violencias.
Estos datos permiten reformular la pregunta. El problema ya no debería limitarse a indagar qué efectos tiene la inseguridad sobre quienes desean visitar el Ecuador, sino que obliga a plantear una cuestión de mayor alcance: ¿qué significa garantizar el derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes en territorios atravesados por la inseguridad y las distintas formas de violencia? Ya que una familia que teme enviar a su hijo a clases o un docente que debe atravesar diariamente sectores considerados peligrosos no se encuentra en las mismas condiciones para ejercer plenamente su derecho a enseñar o aprender.
Como se demostrará a lo largo del presente análisis, la inseguridad está alterando de manera directa el funcionamiento cotidiano de los espacios educativos. Cuando una comunidad enfrenta asesinatos, extorsiones, secuestros, enfrentamientos entre grupos criminales, amenazas, restricciones de movilidad o temor permanente, el trayecto entre el hogar y la escuela deja de ser una actividad cotidiana y se convierte en un factor de riesgo para estudiantes, familias y trabajadores de la educación. Esta realidad se traduce, a su vez, en inasistencia, exclusión escolar, cambios de institución, dificultades para cubrir vacantes docentes, suspensión de actividades presenciales y afectaciones al cumplimiento del calendario escolar.
Más datos e información aquí:https://une.edu.ec/wp-content/uploads/2026/09/CUADERNO-22EDUCADOR22-No10.pdf
