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En el período enero-mayo de 2026, las importaciones nacionales (sin incluir las de zonas francas) totalizaron US$10,755.9 millones, registrando un crecimiento de 6.7% respecto a los US$10,076.8 millones del mismo período de 2025.

Este incremento se explicó por aumentos tanto en las compras no petroleras como en las petroleras. Las importaciones no petroleras crecieron 4.38%, al pasar de US$8,024.4 millones a US$8,375.7 millones, mientras que las petroleras aumentaron 15.97%, al pasar de US$2,052.4 millones a US$2,380.2 millones. En términos de composición, los bienes no petroleros representaron el 77.9% del total importado y los petroleros el 22.1%.

Por destino económico, el 48.5% del total correspondió a bienes de consumo, con un valor de US$5,219.6 millones. Le siguieron las materias primas con US$3,693.8 millones (34.3%) y los bienes de capital con US$1,842.4 millones (17.1%). Los tres segmentos registraron crecimientos positivos: los bienes de consumo avanzaron 4.6%, las materias primas 6.3%, y los bienes de capital lideraron la expansión con un alza de 14.4% respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a la clasificación arancelaria, los principales capítulos importados fueron los combustibles minerales, aceites y minerales, que representaron el 22.1% del total. Le siguieron las máquinas y aparatos mecánicos con 9.4%, los vehículos automóviles y tractores con 9.4%, y las máquinas y aparatos eléctricos con 6.1%.

Por origen geográfico, Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor, con una participación del 38.4%, seguido por China con 18.9%. En conjunto, ambos países concentraron el 57.4% del total importado. Les siguen en importancia España (4.9%), México (4.4%) y Alemania (3.0%).

Según los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), en el periodo de enero a mayo de 2026 las exportaciones totales de la República Dominicana crecieron un 14.4% con respecto al mismo periodo de 2025, alcanzando una cifra de US$6,413.9 millones.

Las exportaciones totales se componen principalmente de dos regímenes: las exportaciones de zonas francas, que concentran el 55.9% del total, y las exportaciones nacionales, que representan el 42.1%. El restante 2.0% corresponde a reexportaciones y admisión temporal.

El régimen con mayor crecimiento fue el de exportaciones nacionales, que alcanzaron los US$2,699.2 millones, registrando un crecimiento interanual del 35.8% respecto al mismo periodo en 2025. Este avance estuvo impulsado por las exportaciones de metales, particularmente oro y plata, que representaron el 48.6% dentro de este régimen y el 20.5% del total exportado, favorecidas por el alza en los precios internacionales de estos metales.

Por su parte, las exportaciones de zonas francas crecieron US$97.1 millones, equivalente a un incremento interanual de 2.8%, consolidando su posición como el régimen de mayor participación. Dentro de este segmento, los bienes de consumo son el componente más relevante, con una participación de 50.3% en el régimen y 28.1% del total exportado.

En cuanto a la distribución porcentual, las zonas francas continúan concentrando la mayor parte de las exportaciones totales, con una participación de 56% en enero-mayo de 2026. Su peso dentro de la estructura exportadora pone de relieve cómo un entorno más competitivo para hacer negocios puede favorecer la inversión, la producción y la creación de nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas.

La composición actual de las exportaciones refleja la importancia que continúan teniendo tanto las zonas francas como los metales preciosos dentro de las exportaciones totales. En este contexto, un entorno más favorable para la inversión, el emprendimiento y la actividad productiva puede contribuir al surgimiento de nuevas oportunidades de exportación, así como a una mayor diversificación de la estructura exportadora.

En el año 1966 el grupo inglés los Beatles grabó una canción de protesta incluida en el disco Revolver. Taxman se volvió una manifestación de los jóvenes de Liverpool en contra del sistema impositivo de su país.

Luego de su éxito como artistas, experimentaron la realidad de tener que pagar impuestos altamente confiscatorios. ¿Por qué? Porque se volvieron ricos y, solo por serlo, el sistema debía castigarlos.

Los cuatro músicos nunca imaginaron que por ser apreciados por su música, por llevar alegría a su público, iban a ser penados por el Estado. Descubrieron la realidad de los impuestos progresivos: si usted es mejor que los demás en algo y el público lo premia, usted es más susceptible de pagar más impuestos. Mientras más sea premiado por su público, el castigo tributario será mayor.

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El recién presentado Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional propone elevar la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas de 27% a 30% durante tres años, para empresas con ingresos superiores a mil millones de pesos.

Con una tasa de 30%, República Dominicana reforzaría su posición entre los países con mayores tasas sobre la renta a las empresas del mundo. De 162 países analizados, 122 —el 75%— aplicarían tasas inferiores. Economías que compiten por atraer inversión y capital, como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Paraguay e Irlanda, mantienen tasas entre 8.5% y 12.5%, muy por debajo de la dominicana incluso antes del aumento propuesto.

Más allá del nivel de la tasa, este tipo de medidas puede influir en la percepción que tienen los inversionistas sobre el entorno de negocios. Aunque el incremento planteado tendría carácter temporal, los cambios frecuentes en las reglas tributarias pueden añadir incertidumbre a las decisiones de inversión, especialmente en proyectos cuyos resultados se materializan en el largo plazo.

El desafío fiscal dominicano no es de tasas insuficientes, sino de un sistema fragmentado, con exenciones focalizadas y altos costos de cumplimiento. Subir la tasa a las empresas más grandes y formales—las que ya cumplen— no corrige esa fragmentación y podría concentrar aún más la carga sobre una base reducida de contribuyentes.

Un sistema favorable al crecimiento avanzaría hacia tasas competitivas y reglas estables. Una base imponible amplia, acompañada de reglas predecibles y menores distorsiones, contribuye a una recaudación más sostenible en el largo plazo que aumentos temporales concentrados sobre quienes ya tributan formalmente.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, a marzo de 2026 las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 39.4% de la energía adquirida en el primer trimestre del año. Es decir, por cada 100 gigavatios-hora (GWh) comprados, se perdieron 39.4 GWh.

En términos absolutos, las EDE compraron 4,479.6 GWh durante enero-marzo de 2026. De esa cantidad, 1,645.2 GWh no se facturaron, lo que representa pérdidas de energía equivalentes al 36.7% del total adquirido. A esto se añade un 2.7% correspondiente a energía facturada pero no cobrada. La suma de ambas proporciones da como resultado pérdidas totales de 39.4%.

Este nivel de pérdidas es 0.5 puntos porcentuales superior al registrado a febrero de 2026 (38.9%). Además, supera en 0.4 puntos porcentuales el observado en enero-marzo de 2025, cuando las pérdidas alcanzaron 39.0%.

El aumento resulta particularmente relevante en el contexto actual de mayores costos de generación de energía asociados al encarecimiento de los combustibles. La Ley de Presupuesto General del Estado 2026 asignó RD$85,150 millones en transferencias para cubrir las pérdidas de las EDE, bajo el supuesto de un precio promedio del petróleo de US$65 por barril. Dado que los precios observados y esperados para este año son superiores, cada punto porcentual de pérdida implica un mayor costo fiscal, aumentando la presión sobre las transferencias al sector eléctrico.

Las pérdidas continúan representando una proporción considerable de la energía adquirida por las EDE. Mientras estas sean financiadas mediante transferencias del Gobierno central, el peso de dichas pérdidas recae sobre los contribuyentes, quienes terminan financiando el costo de esta decisión política.

Como muestra el gráfico, la proporción del gasto público destinada al pago de intereses de la deuda ha seguido una tendencia creciente a lo largo de los últimos años. En 2000, ese porcentaje era de apenas 5.9%; para 2016 ya había alcanzado 16.0%, y de acuerdo con el presupuesto de 2026, se destinarían RD$324,257.1 millones a este concepto, equivalentes a un 20.0% del gasto público total presupuestado.

Es importante precisar que este pago de RD$324,257.1 millones solo cubre los intereses y no implica amortización de la deuda. En otras palabras, estos recursos no están destinados a disminuir el monto del principal de la deuda pública. Esto implica que una proporción creciente del gasto cubre los rendimientos de los bonos y de los intereses de los préstamos de la deuda que se ha tomado para cubrir déficits fiscales previos.

Al observar el gráfico, es preciso tener en consideración que en los años 2018 y 2019 aumentó la proporción de gasto en intereses por una reducción en el ritmo de crecimiento del gasto total. Es decir, los compromisos de los intereses se mantenían aumentando a un ritmo superior al gasto. En el año 2020 sucede lo contrario, ante el aumento del gasto total, la proporción del pago de intereses se reduce, pero el gasto fue superior al de 2019.

El aumento del endeudamiento público ha contribuido a que, año tras año, una porción cada vez mayor del gasto se destine al pago de intereses. Estos recursos se financian tanto con los impuestos recaudados a los ciudadanos como con nuevo endeudamiento —dado que el dinero es fungible—, por lo que el costo de las decisiones de endeudamiento termina siendo asumido por los contribuyentes.

Desde 1991, la economía dominicana ha experimentado un crecimiento notable. El producto interno bruto (PIB) real se ha multiplicado por 5.3 veces. Sin embargo, el gasto real del Gobierno central ha crecido a un ritmo muy superior, multiplicándose por 15.8 veces durante el mismo período. En otras palabras, el Estado creció casi tres veces más rápido que la economía que lo sostiene.

Este desbalance se refleja también en la brecha entre ingresos y egresos. En 2025, el gobierno recaudó aproximadamente US$20,134 millones, mientras que el gasto alcanzó los US$24,544 millones, dejando un déficit superior a los US$4,400 millones.

El problema no radica en una insuficiencia de ingresos. Durante los noventa, las cuentas públicas se mantuvieron relativamente equilibradas e incluso se registraron superávits que permitían reducir la deuda. Fue a partir de los 2000 que los déficits empezaron a hacerse costumbre. Desde entonces, cada aumento de ingresos —incluso tras múltiples reformas tributarias— fue rápidamente superado por un gasto aún mayor. El gasto total equivale hoy al 19.3% del PIB, comparado con el 7.3% de 1991.

Este patrón configura un círculo vicioso: más recaudación, más gasto, más déficit y más deuda. Mientras no existan límites efectivos al crecimiento del gasto público, los dominicanos continuarán cargando con el costo en forma de mayor endeudamiento y menor espacio para la inversión productiva. La actual Ley de Responsabilidad Fiscal representa un paso en la dirección correcta, pero requiere perfeccionarse para establecer reglas más estrictas y vinculantes que contengan de forma sostenida el crecimiento del gasto.

A abril de 2026, la deuda pública alcanzó los US$82,790.8 millones. Esta deuda se compone de la deuda del Sector Publico No Financiero (SPNF) con un monto de US$66,408.5 millones (representando el 80.2% de la deuda total) y la del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con US$16,382.2 millones, que corresponde al 19.8% restante del total. El monto incluye la deuda intergubernamental del BCRD.

Con relación al producto interno bruto (PIB), la deuda del SPNF equivalió a 49.3% del PIB. Al agregar la deuda del BCRD (12.2% del PIB), la deuda pública consolidada se ubicó en 61.4% del PIB.

En perspectiva, hace diez años la deuda pública consolidada ascendía a US$40,415.9 millones y representaba 53.2% del PIB. Desde entonces, el saldo de la deuda ha aumentado en US$42,374.9 millones, mientras que su peso sobre la economía se ha incrementado en 8.2 puntos porcentuales.

Si bien la deuda como proporción del PIB es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la sostenibilidad fiscal, resulta insuficiente para reflejar su impacto sobre las finanzas públicas. Una medida más ilustrativa es observar el peso del pago de intereses sobre los ingresos tributarios. Según el presupuesto aprobado para 2026, los intereses de la deuda representarán el 26.2% de los ingresos tributarios, frente a 21.2% en 2017.

El crecimiento sostenido de la deuda pública consolidada refleja que la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente no ha logrado contener el avance del endeudamiento público. A medida que la deuda aumenta, una proporción cada vez mayor de los recursos generados por los contribuyentes debe destinarse al pago de intereses, elevando la carga financiera asociada al sector público.

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas (DGA), en enero-abril de 2026, las importaciones nacionales de la economía, sin incluir zonas francas, ascendieron a US$8,362.8 millones. Lo que representa un crecimiento de 5.7% respecto a enero-abril de 2025.

Entre las importaciones nacionales, la mayor parte correspondió a las de combustibles, que totalizaron US$1,863.6 millones y representaron un 22.3% del total. A estas les siguieron las de artículos comestibles con US$1,518.0 millones, representando un 18.2% de las importaciones. Luego les siguen máquinas y aparatos, con un total de US$1,229.7 millones y una proporción de 14.7%; le siguen las importaciones de vehículos, con un 10.0%. Estos cuatro renglones representan el 65.2% de las importaciones nacionales.

La composición de las importaciones refleja la importancia de insumos esenciales para el funcionamiento de la economía dominicana, particularmente combustibles, alimentos y bienes de capital. Debido a ello, variaciones en los precios internacionales del petróleo, los alimentos o el transporte marítimo suelen trasladarse a los costos de importación y ejercer presiones sobre los precios internos.

En abril de 2026, la inflación interanual de los bienes transables se ubicó en 5.2%, superior al 3.2% registrado en abril de 2025. Los bienes transables son aquellos que pueden comercializarse internacionalmente, por lo que sus precios tienden a responder en mayor medida a cambios en los mercados globales.

En este contexto, contar con un entorno más favorable para la inversión, la productividad y la competitividad resulta necesario para fortalecer la capacidad de adaptación de la economía frente a choques externos.

República Dominicana mantiene una tasa del impuesto sobre la renta a las empresas de 27%, superior a la de economías nórdicas como Dinamarca y Noruega (22%), Suecia (20.6%) y Finlandia (20%). Además, también supera el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 24.1%, y el de la Unión Europea, de 21.8%.

Es cierto que estos países aplican cargas tributarias elevadas en otras áreas. Sin embargo, reconocen que gravar en exceso la actividad empresarial frena la inversión y la generación de riqueza. Por eso cuidan activamente la competitividad de sus climas de negocios.

Esto se refleja, por ejemplo, en indicadores internacionales. En el Índice de Libertad Económica 2026, Dinamarca ocupa la posición 7, Noruega la 8, Suecia la 11 y Finlandia la 13, mientras República Dominicana se ubica en el lugar 71. En el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025, los países nórdicos también figuran entre los primeros 20 del mundo, frente a la posición 73 de República Dominicana.

Suecia, por ejemplo, redujo gradualmente su tasa corporativa desde 28% en 2008 hasta 20.6% en la actualidad. En otros países nórdicos se ha observado una tendencia similar. Esto refleja cómo incluso economías con cargas tributarias importantes buscan preservar condiciones favorables para la inversión y la actividad productiva.

En sistemas tributarios complejos y con tasas elevadas como el dominicano, suele surgir la necesidad de exenciones y tratamientos especiales para compensar parte de la carga. Un sistema más simple y competitivo reduce la dependencia de exenciones y facilita un entorno más atractivo para producir, invertir y generar riqueza.