03/08/2026
Hacia un pacto de gobernanza y estabilidad; para la paz laboral en la educación dominicana
Por: Dr. Carlos Pérez
La construcción de un sistema educativo de calidad exige un clima de estabilidad institucional, previsibilidad presupuestaria y consensos democraticos duraderos. En la República Dominicana, alcanzar la paz laboral en los centros educativos trasciende la mera negociación salarial coyuntural; requiere articular un acuerdo de Estado fundamentado en la teoría de la gobernanza educativa y el diálogo social promovido por la OIT. Bajo el principio jurisprudencial del Interés Superior del Niño, la continuidad del servicio educativo constituye una garantía inalienable de derechos. Como afirmaba el pensador Paulo Freire: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
Para garantizar la paz laboral en las escuelas y asegurar el estricto cumplimiento del calendario escolar, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) debe implementar un conjunto integral de medidas institucionales, presupuestarias y de diálogo técnico. En primer lugar, es fundamental institucionalizar mesas de concertación permanente mediante comisiones de la comunidad educativa, la sociedad civil, los empresarios, las iglesias, entre otros a nivel regional y distrital que permitan dirimir las controversias antes de que escalen hacia paros de labores, respetando de manera rigurosa el Estatuto del Docente. Asimismo, el Ministerio debe cumplir de forma oportuna con los acuerdos salariales y de incentivos, aplicando la Evaluación del Desempeño Docente mediante criterios transparentes, agilizando las licencias médicas y fortaleciendo la previsión social a través del INABIMA. A esto se suma la imperiosa necesidad de dignificar el entorno de enseñanza mediante el mantenimiento continuo de la infraestructura física, la transferencia fluida de fondos descentralizados a los centros educativos y la consolidación de la Jornada Escolar Extendida con un soporte alimentario adecuado.
En este trayecto, la República Dominicana puede tomar como referencia las experiencias de otras naciones que han estructurado acuerdos de gobernanza y estabilidad laboral con éxito. Casos como el de Chile, a través del diálogo institucionalizado con el Colegio de Profesores, han consolidado carreras docentes estructuradas reduciendo la conflictividad; Uruguay, con su tradición de consejos bipartitos de negociación colectiva en el sector público, ha sabido canalizar los diferendos salariales y pedagógicos mediante vías reguladas; y Finlandia, referente donde la elevada confianza mutua entre el Ministerio y los sindicatos ha erradicado la interrupción de clases sobre la base de la autonomía profesional y la continuidad de las políticas de Estado.
A estos referentes se suman países donde el salto cualitativo de la educación ha sido producto directo del consenso e integración interinstitucional. Por ejemplo, Corea del Sur fundamentó su transformación en acuerdos estratégicos entre el Gobierno, el sector empresarial y las asociaciones docentes; Portugal logró blindar su agenda educativa y reducir el fracaso escolar mediante la Estrategia Nacional de Educación, articulada con municipios, universidades y gremios; y Ecuador, mediante el Plan Decenal de Educación, sostuvo la inversión en infraestructura y la regularización del magisterio por concursos públicos. En palabras de la educadora chilena y premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral: “El futuro de los niños es siempre hoy; mañana será tarde”.
Para salvaguardar la efectividad de estas medidas, resulta imprescindible estructurar un Equipo Multidisciplinario de Seguimiento y Veeduría Social integrado por las APMAE, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), el sector universitario, las iglesias y la sociedad civil. Este órgano independiente fiscalizará el cumplimiento del cronograma de compromisos y arbitrará con imparcialidad cualquier diferencia. Como señalaba John Dewey: “La democracia tiene que nacer de nuevo en cada generación, y la educación es su comadrona”; la vigilancia ciudadana fortalece las bases democráticas del sistema.
El éxito de este pacto radica en establecer compromisos claros de corresponsabilidad, donde la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se comprometa formalmente a no interrumpir la docencia mientras el Ministerio garantice respuestas técnicas oportunas a sus demandas, contando con el acompañamiento de la comunidad educativa y de mediadores neutrales como garantes del proceso.
La paz laboral no es la ausencia fortuita de conflictos, sino el resultado de una arquitectura institucional basada en el respeto mutuo, la transparencia presupuestaria y la mediación objetiva. La integración de referencias internacionales, la solidez teórica del diálogo social y la veeduría ciudadana asegurarán que los compromisos entre el MINERD y la ADP garanticen que el centro de cada decisión siga siendo el aprendizaje integral de los estudiantes.
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El autor es doctor en Educación y posee estudios posdoctorales en Políticas Públicas y Educación, Lingüística y Literatura e Inteligencia Artificial.
