Gustavo Gutiérrez Espeleta

Carta abierta a la comunidad universitaria.
24 de abril de 2026

Como exrector de la Universidad de Costa Rica expreso mi profunda preocupación por el estado actual de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior 2027 y por el ambiente que se vive en nuestra institución.

Es evidente que el Gobierno mantiene un interés político en profundizar los recortes presupuestarios en educación, iniciados en 2019 y sostenidos hasta hoy, particularmente aquellos correspondientes a la educación superior pública. Para ello, ha promovido una dinámica de “competencia” entre las universidades que integran el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), lo cual amenaza la unidad del sistema de educación superior pública. Ante esta situación, la Universidad de Costa Rica debe reafirmar que no desea caer en ese juego de división y por el contrario, debe mostrar el compromiso de mantener la solidaridad con las universidades hermanas y rechazar cualquier ataque o cuestionamiento hacia ellas.

Los informes jurídicos elaborados durante la administración 2021-2024 dejaron claro que todo recorte presupuestario que afecte operativamente a una institución pública con funciones constitucionales es ilegal. Por ello, CONARE debe renunciar explícitamente a cualquier intento de transitar por caminos de ilegalidad y, en cambio, unir fuerzas para exigir una redistribución basada en el crecimiento y en el marco legal vigente, competencia exclusiva y constitucional de las mismas entidades de educación superior públicas.

Asimismo, sugiero que el Consejo Universitario convoque a las mejores personas juristas de nuestra comunidad para definir las rutas legales que permitan defender la institucionalidad y garantizar que la negociación esté liderada por alguien con legitimidad plena y la confianza de toda la comunidad universitaria.

Quienes hemos ocupado cargos públicos, sabemos que estos, en democracia, son transitorios, mientras que las instituciones permanecen. Por eso, la defensa de nuestra alma mater debe estar por encima de intereses particulares.

La Universidad debe dar señales claras de autocrítica y responsabilidad, concentrándose en lo urgente para el país. En ese sentido, propongo las siguientes medidas:

Diálogo interno: La administración debe abrir espacios de negociación y escucha activa, especialmente hacia el movimiento estudiantil, que representa nuestra razón de ser. Casualmente hoy, 24 de abril, recordamos la gesta de ALCOA en su 56 aniversario y rendimos homenaje a los movimientos estudiantiles que siempre han sabido levantarse en defensa de la Patria.

Responsabilidad presupuestaria: Que toda previsión presupuestaria se encuentre en línea con las directrices emanadas de la Contraloría General de la República, de manera que, no quepa duda alguna sobre su legalidad.

Control del gasto discrecional: Prohibir cualquier erogación que supere la tabla de viáticos establecida por la Contraloría.

Estas acciones son indispensables para recuperar la credibilidad ante la sociedad costarricense y para tener autoridad moral al solicitar incrementos presupuestarios en favor de las universidades más pequeñas.

Con esa base, podremos movilizarnos para exigir al Gobierno la reversión de los recortes en educación y la asignación de un incremento justo. Como lo expresó el exrector Rodrigo Facio:

“Hoy, nuestras Universidades… deben ser libres exterior e interiormente, respetadas y comprendidas, apoyadas y estimuladas, y deben saber ganarse el derecho a todo esto; y más aún, el derecho a la existencia, mediante la formación de un espíritu de claras responsabilidades sociales y nacionales…”

Auguro caminos de diálogo que fortalezcan la institucionalidad y los anhelos de la comunidad universitaria, la cual, ante las circunstancias, debe mostrarse como una sola.

¿Por quién votar?
28 de enero de 2026

Muchas personas me han preguntado por quién voy a votar. Mi respuesta es clara: votaré por una alternativa al modelo autocrático que se ha instalado desde 2022. Mi apoyo irá a quien defienda las causas que han guiado mi vida: el ambiente, la salud, la educación y los derechos económicos y sociales, hoy seriamente amenazados.
Debemos respaldar una candidatura que cuestione la descomposición del Estado Social de Derecho y las políticas “austericidas” iniciadas en 2018, políticas que tanto daño han hecho al país y que yo mismo señalé con firmeza cuando fui Rector de la Universidad de Costa Rica. No hay democracia posible sin un Estado Social de Derecho que garantice la progresividad de los derechos económicos, sociales y humanos.

Por eso, junto a compañeras y compañeros de diversas sensibilidades, he preparado una Propuesta de Compromiso de Agenda Democrática y Social para orientar a quienes comparten estas preocupaciones y aún están indecisos.

Compromisos democráticos y sociales para Costa Rica 2026–2030

1. Detener el debilitamiento democrático e institucional de los últimos tres años, manteniendo la sana crítica ciudadana y atendiendo las deudas de muchas instituciones, incluida la universidad pública.

2. Revisar y frenar las políticas “austericidas” que han erosionado el Estado Social de Derecho, sin renunciar a un manejo responsable de las finanzas públicas ni a reformas fiscales progresivas.

3. Trazar una ruta para alcanzar el 8% del PIB en educación para 2030 y garantizar un sistema público basado en la modernidad y la ciencia.

4. Reconocer y proteger la autonomía universitaria en su máxima expresión y promover un plan quinquenal para el desarrollo de la educación superior pública.

5. Honrar las deudas del Estado con la CCSS y fortalecer de manera amplia nuestro sistema de salud pública.

6. Definir una política exterior orientada a los intereses nacionales, no a los de potencias extranjeras.

7. Asegurar nombramientos técnicos e independientes en el gobierno descentralizado y en las instituciones autónomas, libres de presiones de poderes fácticos.

8. Detener el retroceso ambiental, revertir los recortes presupuestarios que han afectado la protección y defender territorios como Gandoca Manzanillo.

9. Fortalecer el sector agrícola y la producción nacional, garantizando protección frente a prácticas que destruyen el agro local.

10. Proponer reformas en seguridad y justicia que atiendan las deudas institucionales en prevención, justicia pronta, femicidios y combate al narcotráfico, sin debilitar la separación de poderes.

11. Garantizar la libertad de expresión y de prensa como pilares de la democracia, incluyendo el derecho a la información, la rendición de cuentas y la diversidad de pensamiento sin censura.

Estoy convencido de que una mayoría social, incluso personas que hoy apoyan al Gobierno, comparte estas acciones. Es un punto de partida modesto pero necesario para recuperar y fortalecer la democracia de la Costa Rica del futuro. Por todas estas razones, mi voto no será para el continuismo.

https://www.larevista.cr/gustavo-gutierrez-espeleta-votar-para-no-perder-el-manana/

Gustavo Gutiérrez Espeleta: Votar para no perder el mañana Vamos a votar en las próximas elecciones. Hagámoslo con libertad, con conocimiento y sin miedo, conscientes de que cada voto es una decisión sobre el país que queremos dejar a las próximas generaciones. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Ex Rector Universidad de Costa Rica. Costa Rica no nació por a...

Lo prometido es deuda

Tuve el honor de acompañar a Yeison Mora, quien obtuvo el título en licenciatura en Marina Civil en la Sede del Caribe, UCR.
Como administración, asumimos el compromiso de sacar esta carrera adelante. Hoy, lo celebramos en grande.
Éxitos profesionales para Yeison y demás personas graduadas de esta importante carrera.

ACLARACIÓN NECESARIA

En vista de que la actual Rectoría ha utilizado -nuevamente- canales institucionales de la Universidad de Costa Rica para procurar defensa sobre acusaciones personales dirigidas a quien ocupa el cargo de rector, y que a través de dichos medios, se ha difundido un comunicado con información donde falsamente se me acusa de no atender disposiciones de la Contraloría General de la República, me veo en la obligación de salir nuevamente a aclarar y desmentir afirmaciones carentes de verdad:

1. El Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas entró a regir a partir del 4 de diciembre de 2018 y desde entonces se obligaba a la Universidad de Costa Rica y a todo el sector público, a acatar sus reformas en materia de empleo público. Esta ley debió aplicarse desde diciembre de 2018 en todos sus extremos, pero la administración del Dr. Henning Jensen y la de transición del Dr. Carlos Araya no lo hicieron en varios componentes salariales.
2. El 9 de noviembre de 2023, la Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría sobre la fiscalización que había realizado respecto del cumplimiento de la Universidad de Costa Rica a las disposiciones contenidas en el título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

La Contraloría General de la República concluyó en su informe que la UCR no se había cumplido con lo establecido en la ley desde el 2018, en tanto los contratos de dedicación exclusiva no fueron ajustados al plazo de vigencia de 5 años, ni tampoco y al porcentaje de compensación por ese rubro del 25%. Además, el informe concluyó que no se habían aplicado el tope salarial de 5 740 000 y que varios incentivos salariales no fueron nominalizados.

En consecuencia, si algo demuestra el informe de la CGR, es que fue mi administración la que heredó las consecuencias de los ajustes que no se hicieron en 2019 ni 2020, en las administraciones del Dr. Henning Jensen y del Dr. Carlos Araya.

El informe de la CGR es público y puede ser consultado en el siguiente enlace:https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023019414.pdf

3. Las disposiciones que la CGR encargó a la Rectoría en 2023 fueron dos (página 15 del informe) y son las siguientes:

“4.4. Instruir a las Direcciones competentes la elaboración de un análisis integral de los casos en que se reconoció el pago de porcentajes superiores de dedicación exclusiva, pagos por concepto de incentivos salariales no nominalizados, aumentos a las remuneraciones totales que superaban el tope establecido y el reconocimiento simultáneo de viáticos y dietas. Lo anterior, con el propósito de definir las acciones que legalmente correspondan ante posibles pagos improcedentes.

4.5. Definir, oficializar e implementar las acciones para que los contratos de dedicación exclusiva suscritos a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 9635 se ajusten a la vigencia finita y los porcentajes de compensación establecidos en dicho marco normativo, respetando el debido proceso y el ordenamiento jurídico vigente.”

4. Tal y como se comprueba en el oficio DFOE-SEM-1821, que desde la propia Rectoría se difundió en los medios institucionales ayer, fue gracias a las acciones llevadas a cabo por mi Administración, que se logró el efectivo cumplimiento de la disposición 4.5, al lograr ajustar más de 300 contratos de dedicación exclusiva firmados con personas docentes y funcionarias administrativas de la institución.

Así lo señala con claridad el oficio de la CGR al referir que el cumplimiento se acredita debido a los informes que en mi calidad de Rector remití por medio de los oficios R-2936-2024 del 13 mayo de 2024 y R-7573-2024 del 29 de noviembre de 2024.

La actual rectoría procura inducir a error a la comunidad universitaria, acreditándose el cumplimiento de esta disposición. No es más que un intento bofo, debido a que el propio oficio del órgano contralor evidencia que fue mi administración la que cumplió lo determinado por la Contraloría General de la República.

5. Respecto de la disposición 4.4, es el oficio DFOE-SEM-1565 de la CGR el que señala como responsable de incumplir con tal disposición al actual rector Dr. Carlos Araya Leandro. Debo señalar que por medio del oficio R-5203-2024 del 20 de agosto de 2024 mi administración comunicó al órgano contralor, el análisis realizado por la Oficina de Recursos Humanos de aquellos casos en los que se reconocieron pagos por conceptos de incentivos no nominalizados y remuneraciones superiores al tope de ley.

Adicionalmente, señala la CGR que por medio del oficio R-6153-2024, desde mi administración dejamos lista la hoja de ruta legal a seguir, sobre los casos en los que se reconocieron pagos por conceptos de incentivos no nominalizados y remuneraciones superiores al tope de ley.

Por último, con el oficio R-7210-2024 comunicamos a la CGR el ajuste de todos aquellos salarios que, en el momento, superaban el tope de ley.

Esto demuestra que lo que sí heredamos, a la Administración del Dr. Araya Leandro, fue el cumplimiento de la disposición 4.5 y la ruta legal para cumplir con la disposición 4.4. Cabe acotar que fue la Oficina de Recursos Humanos la que solicitó un tiempo adicional para ajustar la estimación de los montos girados de más por concepto de los incentivos que no fueron nominalizados. Esto fue comunicado a la CGR de forma transparente y así se comprendió por parte de tal instancia, la cual le confirió un plazo adicional a la actual administración para su cumplimiento a junio de 2025.

Señor rector, le insto a que también publique en los medios institucionales, de forma transparente, el contenido íntegro del oficio DFOE-SEM-1565 de la Contraloría General de la República, donde se detallan las razones por la que se le responsabiliza a usted, en su carácter personal, del incumplimiento de la disposición 4.4.

Ocupar el cargo de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica demanda honrarlo lucem auspicio, con responsabilidad y procurando la verdad, sin alterarla. Requiere también decisiones que, aunque no sean populares, se adecuen al marco legal y constitucional, para no comprometer ni exponer a la institución.

Actuar de conformidad con tales premisas, me permiten, casi un año después de haber concluido mi administración, descansar en la tranquilidad de no tener causa penal abierta, investigaciones en curso ante la Procuraduría de la Ética Pública, ni aún menos, señalamientos de la Contraloría General de la República por posibles incumplimientos.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Sabanilla, 23 de octubre de 2025.

cgrfiles.cgr.go.cr

Hacia un Consejo Universitario de excelencia: Reflexiones para la próxima elección

Con la proximidad de las elecciones de nuevas personas miembros para el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, convocadas para las áreas de Artes y Letras, Salud, Ingeniería y Sedes Regionales, es fundamental reflexionar sobre el perfil de quienes aspirarán a representar a la comunidad académica en este órgano de gobierno universitario.

Esta elección representa una oportunidad invaluable para fortalecer nuestra gobernanza universitaria. Cada voto debe emitirse considerando no solo la simpatía personal o la lealtad grupal, sino la capacidad real de la persona candidata para contribuir al desarrollo de la institución.

El Consejo Universitario no es simplemente otro órgano colegiado más. Tal y como establece nuestro Estatuto Orgánico, este cuerpo define las políticas generales institucionales, fiscaliza la gestión universitaria y establece las directrices presupuestarias que determinarán el rumbo de la institución. Esta responsabilidad exige de sus miembros no solo el cumplimiento formal de los requisitos estatutarios, sino una preparación y experiencia universitaria excepcional y un compromiso inquebrantable con la excelencia académica y el interés de la Universidad.

Si bien los requisitos establecidos —ciudadanía costarricense, edad mínima de 30 años, rango de Profesor Asociado o Catedrático y nombramiento en propiedad— constituyen el piso mínimo, la comunidad universitaria debe exigir mucho más. Necesitamos representantes no solo con trayectorias distinguidas en la academia y con pensamiento propositivo, sino también crítico y, sobre todo, con criterio independiente, que no tengan ninguna limitante en materializar la piedra angular de la Universidad. Deben cuestionar todo lo que deba ser cuestionado con argumentos sólidos y no pueden pertenecer a ninguna red de cuido interna o externa.

La historia reciente nos ha mostrado casos preocupantes donde el Consejo Universitario nos ha quedado debiendo en todo lo anterior. No podemos permitir que este órgano se transforme en un "premio de consolación" para colegas que no hayan dado la talla en sus propias unidades académicas o que, por ejemplo, no le hayan dado la importancia debida a la independencia del movimiento estudiantil y su papel en la educación superior pública.

Es fundamental que el futuro Consejo, con las personas electas, retome con urgencia la capacidad de la Universidad para liderar las grandes transformaciones que requiere el país, empezando por la severa crisis educativa, para lo cual debemos recuperar la lucha por un presupuesto justo para la educación en general. Además, debemos garantizar que nuestra Institución, sin dejar de ser autocrítica, recupere la autoridad moral en CONARE, en un sistema interuniversitario que apueste por un FEES justo antes de hablar de redistribución.

Para esto, el Consejo Universitario debe mantener absoluta independencia de cualquier interés particular, incluidos aquellos que se pudieran emanar desde la misma Rectoría. No puede convertirse en plataforma de promoción personal ni en correa de transmisión de intereses ajenos al bien común universitario.

Se necesita un Consejo Universitario que rinda cuentas en cada Asamblea de Facultad o Escuela a la que se le invite, entendiendo la transparencia como una actitud permanente ante la comunidad universitaria y ante el país. Necesitamos autoridades que mantengan comunicación permanente con las personas a quienes representan (docentes interinos incluidos), que se preparen concienzudamente para cada sesión, que conozcan profundamente la normativa universitaria y que posean la fortaleza moral para anteponer siempre el interés institucional sobre cualquier agenda particular.

Como reza nuestro himno patrio: "Sepamos ser libres, no siervos menguados". Esta elección es la oportunidad de materializar esos versos en la realidad universitaria, eligiendo representantes que encarnen la libertad académica, la independencia de criterio y la excelencia que caracterizan a nuestra Alma Mater.

La Universidad de Costa Rica merece un Consejo Universitario a la altura de su prestigio octogenario; depende de toda la comunidad universitaria hacerlo realidad.

Hacia un Consejo Universitario de excelencia: reflexiones para la próxima elección • Semanario Universidad Con la proximidad de las elecciones de nuevas personas miembros para el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, convocadas para las áreas de

Sobre las Jornadas 4X3

Desde hace varios años, el sector empresarial ha insistido en buscar la forma de establecer jornadas de 12 horas sin el respectivo pago de cuatro horas extra tal y como indica la ley. La OIT no lo respalda y representa un grave retroceso para las clases trabajadoras de país.

Además, estas jornadas, por sí mismas, van en detrimento de la calidad de vida de las personas trabajadoras donde las más afectadas son las mujeres, lo que constituye desde cualquier punto de vista, un deterioro de nuestro ya de por sí debilitado Estado Social de Derecho. También nos preocupan los efectos sobre la salud física y mental, y desde luego, la productividad, pero no la que dependa de la precarización laboral.

Mientras en países como Chile, México y España, este último con un gobierno social demócrata, se habla de una reducción de la jornada laboral, en Costa Rica se busca todo lo contrario, además con un procedimiento legislativo que se ha utilizado históricamente, para debilitar nuestra institucionalidad, el más reciente en el Gobierno de Carlos Alvarado.

Seguir por esta ruta, utilizando figuras “dignificantes”, pero cediendo al no pago de horas extra, lo único que hace es generar las condiciones para que la agenda del Poder Ejecutivo se siga profundizando, en detrimento de los derechos humanos colectivos.

En ese sentido, cualquier intento de avanzar en esta dirección, debe recibir el rechazo vehemente de los sectores democráticos que defendemos la justicia social y el Estado Social, principios que nunca deben estar sometidos al cálculo electoral.

Sin ser liberacionista, insto respetuosamente a que Álvaro Ramos y la Fracción del PLN, recapaciten sobre esta decisión y se mantengan del lado correcto de la historia que ha marcado la diferencia de la vía costarricense al desarrollo. Sin lugar a dudas, esto representa una traición a los principios socialdemócratas. He recibido mensajes de dirigentes de la juventud liberacionista y dirigentes estudiantiles profundamente desilusionados por lo que consideran una traición de su partido y su candidato.

Lamento profundamente el fallecimiento de don Néstor Zeledón Guzmán, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, destacado escultor costarricense, a quien se le considera uno de los artistas plásticos más importantes del país. Inició su actividad en la escultura desde 1960, fue miembro fundador del Grupo 8, formado por ocho artistas plásticos que impulsaron la renovación del arte nacional en esa década. Por su obra artística y su trayectoria, fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón 1992, entre muchos otros premios.

Su obra embelleció a nuestra Alma Mater, en múltiples ocasiones a lo largo de su prodigiosa carrera. Un abrazo muy solidario para su compañera Cari Coto y toda su familia.

Agradezco su participación en el programa de ConCiencia, Canal 15-UCR, en Junio 2023.