Gustavo Gutiérrez Espeleta

05/08/2026

Una Sala Constitucional más justa y moderna, sí; pero jamás un país sin Sala.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Ex Rector UCR (2021-2024)

Empiezo reconociendo que la Sala IV y el Poder Judicial nos han quedado debiendo en muchos momentos clave. Por ahí pasaron decisiones polémicas como la reelección presidencial, la regla fiscal, las relaciones impropias, la ley de empleo público y la ley de huelgas. De aquellos errores vienen los problemas de hoy.

Sin embargo, la manifestación de este jueves no es para defender la postura conservadora de los magistrados actuales, sino para proteger un pilar democrático que nos sostiene desde el nacimiento de la Segunda República. Gracias a investigaciones de nuestras universidades públicas, hoy sabemos que fueron jueces independientes quienes se levantaron para denunciar la violencia política tras la guerra civil y para oponerse a los tribunales arbitrarios instalados fuera de la Constitución —un tipo de justicia autoritaria que pareciera querer revivir el Gobierno actual.

Esa misma independencia judicial es la que ha protegido a la gente a lo largo de nuestra historia: los jueces que sacaron de la cárcel a trabajadores sindicalizados; los que en plena Guerra Fría liberaron a personas que llevaban tres años presas sin juicio; los que detuvieron a empresarios en el aeropuerto por no pagar la pensión alimenticia; los que frenaron el proyecto minero de Crucitas aun sabiendo que arriesgaban su carrera; y todos aquellos que se han plantado frente al poder para hacer cumplir la ley.

Como decía el jurista Luigi Ferrajoli, los derechos y las garantías fundamentales son el límite al abuso de poder y la defensa de la ciudadanía, algo indispensable en una sociedad donde casi siempre gana el más fuerte.

La independencia de la justicia no es un privilegio de los jueces: es un derecho que nos pertenece a todos. Por eso siempre valdrá la pena salir a las calles a defenderla. Claro que aspiramos a una Sala más progresista, que corrija fallos del pasado, pero no nos imaginamos a Costa Rica sin ella. Queremos que la Sala funcione y que no quede paralizada por la revancha de 31 diputados de la Asamblea Legislativa que juraron respetar la Constitución y hoy la ignoran.

Nos vemos este jueves 6 de agosto a las 4:00 p. m. en la Plaza de la Democracia.

03/07/2026

Hoy impartí una charla vocacional a estudiantes de décimo y undécimo de los colegios CTSEO, Liceo de Coronado y Liceo de Cascajal. Muchos éxitos jóvenes con la elección de la carrera. Recuerden pensar en sus aportes al país.

30/06/2026

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29/05/2026

Gracias a la prensa me he enterado de que el día de ayer, la Contraloría General de la República trasladó al Consejo Universitario un informe en el que concluye que varias disposiciones del Reglamento de Régimen Salarial Académico son ilegales, por contravenir lo establecido en la Ley Marco de Empleo Público.

Al respecto, considero importante aclarar que, cuando este asunto fue discutido y aprobado en el Consejo Universitario, siendo yo rector, no solo voté en contra, sino que además advertí expresamente sobre las implicaciones jurídicas que conllevaría su aprobación y eventual ejecución. Siempre mantuve una posición particularmente proactiva, procurando convencer al resto de integrantes del órgano colegiado de la necesidad de ajustarse a los criterios técnicos que señalaban con claridad la ilegalidad de dichas disposiciones.

Tanto la Oficina Jurídica, mediante los dictámenes OJ-335-2024 y OJ-414-2024, como la Oficina de la Contraloría Universitaria, a través del oficio OCU-R-135-A-2024, habían advertido oportunamente sobre los riesgos jurídicos asociados a la aprobación e implementación de este reglamento.
A pesar de estas advertencias, se mantuvo una exigencia sostenida para proceder con su implementación, la cual nos resistíamos a ejecutar precisamente por las dudas técnicas existentes. Por esta razón, dejé claro que, de llevarse a cabo, lo haría en cumplimiento del deber de obediencia y salvaguardando mi responsabilidad, dado que el artículo 35 del Estatuto Orgánico establece de forma expresa que el rector debe ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Universitario.

Existe documentación que evidencia las acciones que emprendí en su momento, en mi calidad de rector, con el fin de evitar la promulgación de estas disposiciones. Asimismo, documentos de advertencia emitidos tanto por la Oficina Jurídica como por la Oficina de la Contraloría Universitaria.

Lamento profundamente que el informe confirme las advertencias que oportunamente realizamos, y que esta situación haya colocado a la institución y al personal docente en un estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica respecto de sus salarios.

Resulta especialmente lamentable que un asunto tan sensible como la definición del marco regulatorio del salario del personal docente se haya convertido, en su momento, en un tema de campaña electoral.

Hoy, las autoridades universitarias competentes tienen una valiosa oportunidad para corregir estas disposiciones, garantizando su apego a la legalidad y, sobre todo, protegiendo a nuestro personal docente y la estabilidad económica de sus familias.

De cara al futuro, la lección debe ser clara: no siempre apegarse a los criterios técnicos resulta electoralmente popular, pero únicamente mediante decisiones responsables se resguarda la imagen y la integridad de nuestra institución y, más aún, la confianza de las personas funcionarias en que sus remuneraciones cuentan con la debida seguridad jurídica.

Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector 2021-2024

25/05/2026

Chavismo, neoliberalismo y el negocio de la electricidad.

25 de mayo de 2026

En 1928 nació la Liga Cívica, integrada por figuras como Luis Demetrio Tinoco, Carmen Lyra, Omar Dengo y Ricardo Moreno Cañas, con el propósito de enfrentar el monopolio eléctrico de la “Electric Bond and Share” y defender la soberanía nacional. Su lucha permitió la creación del Servicio Nacional de Electricidad, antecedente directo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), fundado en 1949 por la Junta de Gobierno de José Figueres Ferrer mediante el Decreto-Ley 449.

El ICE surgió para atender las necesidades de un empresariado industrial emergente, pero también como respuesta a la presión ciudadana por tarifas justas y cobertura universal. Durante sus primeras décadas, se consolidó un modelo solidario en el que la energía se entendía como un servicio público al costo, no como un negocio privado.

A partir de los años 80, sectores neoliberales dentro del PLN intentaron abrir la generación eléctrica al mercado, logrando en los 90s la aprobación de la Ley de Cogeneración, que obligaba al ICE a comprar energía a privados en condiciones ventajosas para estos. Aunque esos contratos ya vencieron, las presiones por privatizar persisten.

Hoy, la ciudadanía continúa defendiendo el legado de figuras como Tinoco, Dengo, González Flores, Carmen Lyra y Moreno Cañas, quienes sentaron las bases de un modelo energético solidario. La experiencia internacional muestra que la privatización suele traer tarifas más altas y fallos en el sistema, por lo que la defensa del ICE y la búsqueda de reformas progresistas en energías renovables siguen siendo tareas urgentes.

Es extremadamente importante que la ciudadanía se organice y se movilice para defender el ICE, pero más allá de eso, el modelo que nos heredaron muchas personas que forjaron nuestra patria.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la UCR (2021-2024)

11/05/2026

Cómo exrector de la Universidad de Costa Rica, deseo expresar toda mi solidaridad con las universidades argentinas que mañana 12 de mayo se manifiestan por su presupuesto.

El Gobierno de Milei les ha recortado el presupuesto a tal punto, que el tribunal constitucional ha ordenado cómo mínimo transferir el dinero de salarios y becas y el Presidente no ha cumplido el mandato constitucional.

Les comparto el video de Pablo Manili, abogado constitucionalista que explica la difícil situación que atraviesan nuestras hermanas universidades argentinas.

24/04/2026

Carta abierta a la comunidad universitaria.
24 de abril de 2026

Como exrector de la Universidad de Costa Rica expreso mi profunda preocupación por el estado actual de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior 2027 y por el ambiente que se vive en nuestra institución.

Es evidente que el Gobierno mantiene un interés político en profundizar los recortes presupuestarios en educación, iniciados en 2019 y sostenidos hasta hoy, particularmente aquellos correspondientes a la educación superior pública. Para ello, ha promovido una dinámica de “competencia” entre las universidades que integran el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), lo cual amenaza la unidad del sistema de educación superior pública. Ante esta situación, la Universidad de Costa Rica debe reafirmar que no desea caer en ese juego de división y por el contrario, debe mostrar el compromiso de mantener la solidaridad con las universidades hermanas y rechazar cualquier ataque o cuestionamiento hacia ellas.

Los informes jurídicos elaborados durante la administración 2021-2024 dejaron claro que todo recorte presupuestario que afecte operativamente a una institución pública con funciones constitucionales es ilegal. Por ello, CONARE debe renunciar explícitamente a cualquier intento de transitar por caminos de ilegalidad y, en cambio, unir fuerzas para exigir una redistribución basada en el crecimiento y en el marco legal vigente, competencia exclusiva y constitucional de las mismas entidades de educación superior públicas.

Asimismo, sugiero que el Consejo Universitario convoque a las mejores personas juristas de nuestra comunidad para definir las rutas legales que permitan defender la institucionalidad y garantizar que la negociación esté liderada por alguien con legitimidad plena y la confianza de toda la comunidad universitaria.

Quienes hemos ocupado cargos públicos, sabemos que estos, en democracia, son transitorios, mientras que las instituciones permanecen. Por eso, la defensa de nuestra alma mater debe estar por encima de intereses particulares.

La Universidad debe dar señales claras de autocrítica y responsabilidad, concentrándose en lo urgente para el país. En ese sentido, propongo las siguientes medidas:

Diálogo interno: La administración debe abrir espacios de negociación y escucha activa, especialmente hacia el movimiento estudiantil, que representa nuestra razón de ser. Casualmente hoy, 24 de abril, recordamos la gesta de ALCOA en su 56 aniversario y rendimos homenaje a los movimientos estudiantiles que siempre han sabido levantarse en defensa de la Patria.

Responsabilidad presupuestaria: Que toda previsión presupuestaria se encuentre en línea con las directrices emanadas de la Contraloría General de la República, de manera que, no quepa duda alguna sobre su legalidad.

Control del gasto discrecional: Prohibir cualquier erogación que supere la tabla de viáticos establecida por la Contraloría.

Estas acciones son indispensables para recuperar la credibilidad ante la sociedad costarricense y para tener autoridad moral al solicitar incrementos presupuestarios en favor de las universidades más pequeñas.

Con esa base, podremos movilizarnos para exigir al Gobierno la reversión de los recortes en educación y la asignación de un incremento justo. Como lo expresó el exrector Rodrigo Facio:

“Hoy, nuestras Universidades… deben ser libres exterior e interiormente, respetadas y comprendidas, apoyadas y estimuladas, y deben saber ganarse el derecho a todo esto; y más aún, el derecho a la existencia, mediante la formación de un espíritu de claras responsabilidades sociales y nacionales…”

Auguro caminos de diálogo que fortalezcan la institucionalidad y los anhelos de la comunidad universitaria, la cual, ante las circunstancias, debe mostrarse como una sola.

28/01/2026

¿Por quién votar?
28 de enero de 2026

Muchas personas me han preguntado por quién voy a votar. Mi respuesta es clara: votaré por una alternativa al modelo autocrático que se ha instalado desde 2022. Mi apoyo irá a quien defienda las causas que han guiado mi vida: el ambiente, la salud, la educación y los derechos económicos y sociales, hoy seriamente amenazados.
Debemos respaldar una candidatura que cuestione la descomposición del Estado Social de Derecho y las políticas “austericidas” iniciadas en 2018, políticas que tanto daño han hecho al país y que yo mismo señalé con firmeza cuando fui Rector de la Universidad de Costa Rica. No hay democracia posible sin un Estado Social de Derecho que garantice la progresividad de los derechos económicos, sociales y humanos.

Por eso, junto a compañeras y compañeros de diversas sensibilidades, he preparado una Propuesta de Compromiso de Agenda Democrática y Social para orientar a quienes comparten estas preocupaciones y aún están indecisos.

Compromisos democráticos y sociales para Costa Rica 2026–2030

1. Detener el debilitamiento democrático e institucional de los últimos tres años, manteniendo la sana crítica ciudadana y atendiendo las deudas de muchas instituciones, incluida la universidad pública.

2. Revisar y frenar las políticas “austericidas” que han erosionado el Estado Social de Derecho, sin renunciar a un manejo responsable de las finanzas públicas ni a reformas fiscales progresivas.

3. Trazar una ruta para alcanzar el 8% del PIB en educación para 2030 y garantizar un sistema público basado en la modernidad y la ciencia.

4. Reconocer y proteger la autonomía universitaria en su máxima expresión y promover un plan quinquenal para el desarrollo de la educación superior pública.

5. Honrar las deudas del Estado con la CCSS y fortalecer de manera amplia nuestro sistema de salud pública.

6. Definir una política exterior orientada a los intereses nacionales, no a los de potencias extranjeras.

7. Asegurar nombramientos técnicos e independientes en el gobierno descentralizado y en las instituciones autónomas, libres de presiones de poderes fácticos.

8. Detener el retroceso ambiental, revertir los recortes presupuestarios que han afectado la protección y defender territorios como Gandoca Manzanillo.

9. Fortalecer el sector agrícola y la producción nacional, garantizando protección frente a prácticas que destruyen el agro local.

10. Proponer reformas en seguridad y justicia que atiendan las deudas institucionales en prevención, justicia pronta, femicidios y combate al narcotráfico, sin debilitar la separación de poderes.

11. Garantizar la libertad de expresión y de prensa como pilares de la democracia, incluyendo el derecho a la información, la rendición de cuentas y la diversidad de pensamiento sin censura.

Estoy convencido de que una mayoría social, incluso personas que hoy apoyan al Gobierno, comparte estas acciones. Es un punto de partida modesto pero necesario para recuperar y fortalecer la democracia de la Costa Rica del futuro. Por todas estas razones, mi voto no será para el continuismo.

26/01/2026

https://www.larevista.cr/gustavo-gutierrez-espeleta-votar-para-no-perder-el-manana/

Vamos a votar en las próximas elecciones. Hagámoslo con libertad, con conocimiento y sin miedo, conscientes de que cada voto es una decisión sobre el país que queremos dejar a las próximas generaciones. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Ex Rector Universidad de Costa Rica. Costa Rica no nació por a...

19/01/2026

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