03/04/2026
Las autoridades han construido un sistema que, en su afán por no soltar a nadie, a menudo termina por dejar a todos a la deriva. Hoy, la expulsión de un estudiante ha pasado de ser una herramienta de disciplina punitiva a convertirse en una figura administrativa prácticamente extinta. Bajo el noble paraguas de la "inclusión radical" y la garantía del derecho a la educación, la escuela se ha visto privada de la posibilidad de excluir, incluso cuando la presencia de un individuo supone un riesgo tangible para la integridad física y emocional del colectivo. Esta tensión nos sitúa en un escenario donde el derecho individual de permanencia colisiona frontalmente con el derecho colectivo a un entorno seguro, revelando una de las crisis de legitimidad institucional más profundas de nuestro tiempo.
El fenómeno no es fortuito. Durante las últimas décadas, las políticas educativas han transitado (con justa razón histórica) hacia la erradicación del abandono escolar. La reprobación dejó de ser una sentencia de salida y la expulsión fue redefinida como un fracaso del sistema, no del alumno. En este nuevo marco, la escuela tiene el mandato ético y legal de contener. Sin embargo, la realidad fáctica en las aulas está desbordando la teoría administrativa.
Nos encontramos ante situaciones donde conductas violentas recurrentes (agresiones físicas, amenazas persistentes o disrupciones graves del clima de aula) se gestionan con protocolos que priorizan la continuidad del estudiante agresor a toda costa. El hecho que origina nuestra reflexión es la creciente sensación de desprotección que experimentan docentes y alumnos ante la imposibilidad de establecer límites claros de exclusión temporal o definitiva cuando el pacto de convivencia se rompe de forma violenta.
Para comprender este conflicto, es necesario realizar un análisis estructural. La escuela no opera en el vacío; es el espejo donde se reflejan las fracturas de una sociedad cada vez más fragmentada. Cuando las instituciones de salud mental son insuficientes, cuando el tejido familiar está erosionado y cuando la violencia es el lenguaje de resolución de conflictos en el barrio, todo ese sedimento termina en el salón de clases.
El problema estructural radica en que hemos delegado a la escuela la responsabilidad de "curar" o "contener" problemáticas que exceden lo pedagógico, pero sin dotarla de las herramientas ni de la autoridad para hacerlo. Al eliminar la posibilidad de la exclusión sin ofrecer alternativas reales de atención externa, la institución escolar queda atrapada en una inercia de simulación, el alumno está presente en el aula, pero no está siendo educado; y el grupo está presente, pero no está aprendiendo, pues la energía psíquica del colectivo se consume en el miedo o la vigilancia.
Por un lado, se promueve el discurso de la convivencia armónica; por el otro, los docentes y padres perciben una realidad de impunidad. La representación social del "alumno con derechos" ha desplazado a la del "alumno como parte de una comunidad con responsabilidades".
Esto alimenta emociones colectivas de resentimiento y desamparo. Cuando un docente es agredido y el protocolo dicta que el agresor debe regresar al mismo espacio al día siguiente, se envía un mensaje simbólico, donde la integridad del maestro y el bienestar del grupo son secundarios frente al indicador estadístico de retención escolar. Esta percepción de injusticia erosiona la legitimidad de la institución. Si la escuela no puede garantizar la seguridad básica, pierde su autoridad moral para educar. La identidad docente se quiebra, derivando en cuadros de salud mental (como el burnout) que no son más que la respuesta lógica a una situación de estrés crónico e indefensión aprendida.
¿Es ético sacrificar el derecho de treinta niños a aprender en paz para salvaguardar el derecho de uno a permanecer en un espacio que, evidentemente, no está logrando procesar su violencia? La inclusión radical corre el riesgo de convertirse en un acto de crueldad si se reduce a la mera coexistencia física sin intervención especializada.
Forzar la permanencia de un alumno con conductas violentas recurrentes en un aula ordinaria, sin apoyos terapéuticos o rutas de derivación efectivas, no es inclusión; es abandono institucional disfrazado de pedagogía humanista. Es un dilema de justicia distributiva donde el beneficio de un individuo parece obtenerse a costa del perjuicio del colectivo, rompiendo el principio ético de proporcionalidad.
Educar requiere, en ocasiones, la capacidad de marcar un límite que excluya para proteger. No se trata de volver a la escuela autoritaria que expulsaba por rebeldías menores, sino de recuperar la noción de que la comunidad escolar es un organismo vivo que necesita condiciones mínimas de seguridad para funcionar.
La pregunta que nos queda como sociedad no es si debemos expulsar o no, sino qué instituciones deben existir fuera del aula para atender a quienes la escuela, en su forma actual, no puede sostener. ¿Seguiremos pretendiendo que el aula es un contenedor infinito de crisis sociales, o aceptaremos que el derecho a la educación de la mayoría también es un derecho humano que merece ser protegido? Quizás el verdadero fracaso no sea la expulsión, sino la insistencia en mantener unidos a quienes, por un momento de crisis, necesitan distancia para sanar y permitir que los demás sigan creciendo.
𝐏𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠í𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
Sigueme en mis canales de:
whatsapp:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb630AkICVffwEO5PY0Q
Telegram: https://t.me/psicdocente
X: https://x.com/Psicdocentes
Página web: https://www.psiclinea.com/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUSTx6VvrgzBTsmddNPX_WA
