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Crece la preocupación entre trabajadores municipales de Tarija tras la denuncia de presuntas advertencias internas que amenazan con el despido inmediato a quienes muestren simpatía por la candidatura de cualquier otro candidato.

Los funcionarios relatan que el control se extendería incluso a redes sociales, generando un ambiente de hostigamiento y autocensura, donde muchos optan por guardar silencio por temor a represalias laborales.

La situación fue calificada por los denunciantes como una forma de violencia política indirecta, que busca disciplinar el voto y la opinión.

Una grave denuncia comenzó a circular en el ámbito político tarijeño luego de que se señalara que el alcalde Johnny Torres habría contratado a un ciudadano ecuatoriano para ejecutar una estrategia de “línea negra” contra Luciana Campero y otros candidatos a la Alcaldía de Tarija.

Según la denuncia, esta operación comunicacional no tendría fines institucionales, sino políticos, y estaría orientada a desprestigiar a adversarios electorales mediante campañas de ataque en redes sociales y espacios digitales.

Lo más delicado del señalamiento es que estos servicios presuntamente habrían sido financiados con recursos del municipio, lo que implicaría el uso de dinero público para fines proselitistas, una práctica prohibida por la normativa electoral y administrativa.

Luciana Campero afirmó que su defensa de la Reserva Natural de Tariquía no responde a ninguna sigla política ni a coyunturas electorales, y que su postura se mantiene intacta desde mucho antes de incursionar en la política. “Pienso exactamente igual que cuando era activista y ni siquiera era política”, señaló.

La candidata remarcó que su compromiso con Tariquía es una convicción personal y sostenida en el tiempo, no una estrategia discursiva. En ese marco, cuestionó a quienes hoy se presentan como defensores de la reserva solo cuando el tema se vuelve rentable políticamente.

Campero advirtió además que la defensa de Tariquía se ha politizado, perdiendo su sentido original de protección ambiental. Afirmó que para defender un territorio primero hay que conocerlo y respetarlo, algo que —según dijo— no siempre ocurre.

Como ejemplo, recordó que durante una reciente marcha en defensa de la reserva fue la única persona que portaba una bandera de Tariquía, mientras otros manifestantes desconocían incluso ese símbolo. Advirtiendo que eso dice mucho sobre quién defiende por convicción y quién lo hace por discurso.

El operativo policial se llevó a cabo alrededor de las 02:00 de la madrugada de este sábado, cuando efectivos lograron interceptar a los sospechosos en inmediaciones del puente Salinas, un punto clave de salida hacia la frontera.

De acuerdo con el informe preliminar, entre los detenidos se encuentra un ciudadano extranjero de nacionalidad uruguaya y dos ciudadanos bolivianos, quienes habrían sido identificados como presuntos participantes del crimen.

Luego de la aprehensión, los implicados fueron trasladados primero a dependencias policiales de Entre Ríos y posteriormente a la ciudad de Tarija, donde quedaron bajo control de la FELCC para continuar con el proceso investigativo.

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Luego del ataque mortal contra Mauricio Aramayo, el alcalde reiteró que Tarija mantiene niveles de seguridad adecuados y que el crimen responde a un contexto político puntual.

Sin embargo, vecinos, comerciantes y transeúntes hacen notar que la muerte de una persona en la calle evidencia vulnerabilidades reales en la seguridad ciudadana, más allá del móvil político, y reclaman mayores acciones concretas para la protección pública.

ASESINARON A BALAZOS a Mauricio Aramayo, conocido por su cercanía con el presidente Rodrigo Paz y su liderazgo dentro del Partido Demócrata Cristiano. 

Testigos escucharon varias detonaciones antes de que los agresores escaparan en una motocicleta. La investigación quedó a cargo de la División Homicidios de la FELCC y la Fiscalía departamental.

DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, LA GESTIÓN DEL ALCALDE DE TARIJA, Johnny Torres, REGISTRÓ UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN EL PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, UNA DECISIÓN QUE SE DA EN PARALELO AL DESARROLLO DE SU CAMPAÑA ELECTORAL.

EL AUMENTO NO SE REFLEJÓ EN INFORMACIÓN DE SERVICIO O CONTENIDOS DE INTERÉS CIUDADANO, SINO EN UNA MAYOR EXPOSICIÓN MEDIÁTICA DEL ALCALDE, CON MENSAJES REITERATIVOS Y UNA FUERTE PRESENCIA DE SU IMAGEN, FINANCIADOS CON RECURSOS MUNICIPALES MIENTRAS CONTINÚA EJERCIENDO EL CARGO.

ESTA SITUACIÓN ES DENUNCIADA COMO UNA VENTAJA ELECTORAL INDEBIDA, AL UTILIZAR FONDOS PÚBLICOS PARA POSICIONAMIENTO POLÍTICO, AFECTANDO LA IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE CANDIDATOS Y DESNATURALIZANDO EL ROL DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.

La alianza Patria informó que las versiones que circulan en redes sociales atribuidas a su candidata a la Alcaldía de Tarija, Luciana Campero, no corresponden a comunicados oficiales ni reflejan su posición política.

La alianza reiteró su rechazo a la desinformación y reafirmó su compromiso con una contienda basada en propuestas, información responsable y respeto a la ciudadanía.

La Constitución Política del Estado establece límites claros para evitar que las autoridades en ejercicio utilicen el poder público como plataforma electoral. Pese a ello, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, continúa en funciones mientras impulsa su candidatura, amparándose en una interpretación constitucional que no modifica el texto de la CPE.
El artículo 238 de la Constitución busca garantizar igualdad de condiciones entre candidatos y prevenir conflictos de interés durante los procesos electorales. En su inciso 3, la CPE establece que quienes ocupan cargos públicos no pueden postular si no han renunciado al menos tres meses antes del día de la elección, es decir, aproximadamente 90 días previos al proceso electoral. Aunque la Sentencia Constitucional 032/2019 flexibilizó su aplicación para autoridades electas, el mandato constitucional no ha sido reformado ni eliminado, y su espíritu sigue plenamente vigente.
Más allá de cualquier habilitación formal, el caso expone una tensión evidente entre la legalidad interpretada y el principio de justicia electoral. Postular sin renunciar permite conservar visibilidad pública, control institucional y capacidad de incidencia política, una situación que la propia Constitución intentó evitar.
El precedente que deja este caso es delicado: cuando la Constitución puede reinterpretarse según la conveniencia política del momento, se debilita la credibilidad del sistema electoral y de las instituciones. Porque no todo lo legal es justo, y no todo lo justo es legal.