17/10/2018
Inflación Récord. En septiembre se aceleró la inflación producto del pasaje a precios de la devaluación del peso. Si no ocurre un milagro, con este ritmo de aumento en los precios, el gobierno de Cambiemos mostrara en 2018 la inflación más alta de los últimos 28 años. Las expectativas inflacionarias de la mayoría de las consultoras y especialistas ubican la tasa de inflación anual en torno del 45%. De cumplirse con los pronósticos, el porcentaje de incremento de los precios será superior al ocurrido con la salida de la convertibilidad. Para encontrar un número de mayor magnitud hay que remontarse a las hiperinflaciones de finales de los ´80.
El índice de precios al consumidor (IPC) de INDEC arrojó en septiembre un alza de 6.5 %, acumulando en lo que va del año 32,4 %. Los mayores incrementos se dieron en Transporte (10.4%), prendas de vestir y calzado (9.8%), mantenimiento del hogar (9.7%) y alimentos y bebidas (7%).
Los datos relevados, muestran que a partir de la corrida cambiaria, la dinámica de aumentos de los precios adquirió características diferentes. Hasta abril de este año, los incrementos estaban liderados en su mayoría por los precios regulados: servicios públicos como gas, electricidad, y bienes insumos como combustibles estaban al tope de la tabla. La fuerte devaluación ocurrida a partir de mayo, ocasionó que los productos de la canasta básica que más incrementan su valor sean los que más consumen los sectores populares, destacándose los alimentos. Estos bienes elementales para las familias experimentan aumentos por encima del promedio de los demás bienes. El ítem alimentos y bebidas acumula en 9 meses un incremento de 35,8%, superando la tasa de inflación.
Esta situación se da porque nuestro país exporta lo que come. Las materias primas agrícolas vieron incrementados sus valores a causa de la disparada del dólar, generando menos incentivos a los exportadores para colocar su producción en el mercado local. Ocasionando que el precio internacional, por ejemplo del trigo y el maíz, se traslade al precio interno de los alimentos. Solo basta mencionar el incremento que tuvo la harina y sus derivados. La bolsa de harina de trigo registra en lo que va del año un aumento superior al 120%. Este descomunal incremento repercute en el costo de artículos básicos como los fideos y el pan. El precio de las pastas secas en promedio aumentó un 60% y el kilo de pan cotiza cerca de los $100 en cualquier panadería.
Como muestra la experiencia pasada de alta inflación, los sectores vulnerables de la población son quienes más sufren las consecuencias. Ocurre que los pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos. Los sectores de mayores recursos tienen más capacidad para reemplazar consumos no indispensables o incluso disminuir la poción de sus presupuestos destinada al ahorro.
El cuadro de transferencia del ingreso desde los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía que produce la inflación, se agrava con las políticas regresivas del gobierno nacional. La dolarización del precio de los servicios públicos y el combustible contribuye a la espiralización del fenómeno inflacionario: se espera a partir de octubre un incremento promedio de 35% en la tarifa de gas. Por su parte, la Empresa Provincial de Energía (EPEC), solicitó un aumento de 3,58% en las facturas que cobra a los cordobeses.
El escenario regresivo se ve potenciado por las paritarias a la baja que convalidaron la mayoría de los gremios. Por ejemplo el sindicato de camioneros, a la postre uno de los más combativos, convalidó un aumento en los salarios de 25%. Si la inflación es la esperada, sus trabajadores habrán perdido en 2018 al menos 10% del poder de compra de sus salarios.
La situación no es mejor en el sector de los pasivos, debido a la regresiva modificación en el cálculo de actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por hijo (AUH). En los últimos 12 meses los abuelos recibieron un incremento en sus haberes de 19,2% cuando la inflación fue superior al 34%. Es decir, perdieron al menos 15 puntos. Estamos hablando de jubilaciones que en la mayoría de los casos apenas superan los $9.000.
Frente a este escenario de evidente crisis social, el gobierno con una mezcla de insensibilidad e incapacidad difícil de igualar, no muestra habilidad ni voluntad política para instrumentar medidas efectivas que permitan contener el daño que causa semejante inflación. Propuso en su lugar, una serie de anuncios que tienen más olor a humo que sabor a victoria en la batalla contra los precios. Ordenó el pago de dos bonos de $1.200 por única vez, para las jubilaciones, pensiones y AUH. A su vez, resucitó los precios cuidados de la era K. Como saben la mayoría de las personas que concurren al supermercado, este programa se muestra más ineficiente que en el pasado para ofrecer una canasta de bienes acorde al poder de compra de las mayorías.
Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, realizado en las grandes superficies comerciales, confirma la inexistencia de la mayor parte de los productos de Precios Cuidados. En la Ciudad de Río Cuarto, solo uno de los tres supermercados auditados, tenía publicada la lista de precios del programa. La investigación concluyó que en las góndolas, se disponía de apenas el 37% de los alimentos y bebidas del programa, incluido en la canasta básica alimentaria que elabora la defensoría.
En sus discursos al presidente Macri le gusta apelar a la verdad, y la verdad es que su gestión muestra una inflación de 41% en 2016, 25% en 2017 y es probable que en 2018 supere el 45%. Los números desnudan a las claras el fracaso del modelo económico. Más aún para un gobierno que propuso terminar con facilidad con este flagelo.
El PRO no ha tenido un programa efectivo para reducir la inflación, por la sencilla razón de que su encerrona dogmática no le permitió ver al fenómeno inflacionario argentino como algo complejo. Nunca llegó a comprender que la inflación local responde a múltiples causas. Nuestro sistema económico tiene problemas estructurales de baja productividad que se traducen en un cuello de botella para la oferta de bienes. A su vez, el mercado interno demanda más dólares que los que genera el sector exportador. Este déficit de divisas produce recurrentes devaluaciones que presionan sobre los precios. Contribuye también a alimentar la espiral inflacionaria la puja distributiva existente entre el trabajo y el capital.
Agravan todos estos problemas la carencia de competencia en el mercado interno. Un estudio de la consultora Focus Market reveló el altísimo nivel de concentración existente. Solo por dar algunos ejemplos, apenas 18 empresas en el sector alimenticio concentran el 60% del mercado, 15 fabricantes de bebidas se llevan el 80% y seis compañías controlan el 82% del sector de artículos de limpieza.
La ortodoxia económica que guía al gobierno, exacerbada ahora desde Washington por el FMI, cree con fe religiosa que la inflación es solo un fenómeno monetario. La única causa que para ellos explica el aumento generalizado de los precios, es el exceso de dinero producido por el uso de la “maquinita” para financiar el déficit fiscal.
Como se sabe, cuando se parte de un diagnóstico equivocado se recetan medicinas inapropiadas que terminan agravando el cuadro de enfermedad. Como tantas otras veces, el experimento neoliberal nos propone para bajar la inflación una política monetaria restrictiva que lleva las tasas de interés por las nubes, desatando la especulación financiera. Completa la receta, la clásica política fiscal de austeridad que termina alimentando el ciclo recesivo. El resultado, como en el pasado, será con claridad el aumento de la pobreza y la desigualdad.