13/05/2026
Defender la universidad pública es un acto de inteligencia colectiva. La universidad pública no es un gasto: es una inversión que toda la sociedad hace en sí misma. Y como toda inversión compartida, las rutas, los hospitales, el agua potable, su deterioro nos empobrece a todos, estudiemos o no, tengamos hijos universitarios o no, vivamos en la ciudad o en el campo.
Que alguien nunca haya cruzado las puertas de una facultad no lo hace ajeno a esta discusión. Lo hace, si acaso, el tipo de ciudadano que más necesita entender lo que está en juego.
Hay además una cuestión que no debería necesitar debate: en una democracia, las leyes se cumplen. Argentina tiene una Ley de Financiamiento Universitario. No es una promesa ni
una declaración de intenciones: es una norma sancionada por el Congreso de la Nación, la
institución que representa la voluntad del pueblo. Cuando un gobierno decide no aplicarla,
no está tomando una decisión económica. Está tomando una decisión política: la de
colocarse por encima de la ley. Una sociedad que no tolera que sus leyes sean ignoradas cuando resultan
inconvenientes no está defendiendo solo a sus universidades. Está defendiendo algo más
profundo: la idea de que las reglas del juego democrático valen para todos, incluido el
poder. Nuestro instituto de formación docente y técnica se une a la lucha por la legalidad y el derecho a la educación. El conocimiento es un bien público y el ESTADO es Garante.
