22/12/2018
Colegio de Psicólogos Prov. de Santa Fe 2ª Circ.
Cuando la Política es sólo excepción, se vulneran los derechos .
Desde el Movimiento de Usuarixs y Trabajadorxs en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental queremos transmitir nuestra profunda preocupación ante una serie de noticias y declaraciones emitidas sobre acontecimientos ligados a las políticas que conciernen directamente a la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.
Respecto a los hechos que implican a niños/as que fueron ventilados públicamente, ahorraremos detalles de obscenidades y vulneración de derechos que se han plasmado en impúdicas declaraciones sobre casos resonantes, sólo lo mencionamos como analizador de la degradación de funciones donde la excepción se constituye en violencia cuando la Protección fracasa o directamente no ha existido.
Con mucha preocupación asistimos a declaraciones de funcionarios políticos claramente responsables de implementar esas políticas en donde explícitamente se vulneran esos mismos derechos que deben garantizar. Al tener que dar respuesta respecto de la responsabilidad que les cabe como funcionarios por la muerte de un bebé y por la desaparición durante días de dos niños que estaban bajo su responsabilidad, apuntan a producir mayor exposición y estigmatización social del grupo familiar, lo cual en sí mismo es muy grave, pero si a esto agregamos que la información era errónea o parcial, la intencionalidad en la construcción del mensaje se pone claramente al descubierto.
Correspondería comenzar por contemplar por ejemplo la perspectiva de género y de interculturalidad en los diagnósticos situacionales. Ignorar estas perspectivas, propicia la patologización del conflicto social. La prioridad es la construcción de infancias. Esto no se hace de cualquier manera y resulta perentoria la revisión de las políticas, prácticas y lógicas institucionales. De lo contrario se continúa por la vía de exclusión aunque aparezcan como “ayuda” del Estado.
Pareciera que aún estamos muy lejos de poder sustentar procesos de cuidados y acompañamientos que sostengan una crianza, cómo producir a veces desde las ruinas de una historia no exenta de genocidios y migraciones una función materna que tan ligeramente se estigmatiza. Nos conmovemos ante el horror de las violencias y abusos. Debemos protegerlas/os, pero con sustento político técnico. Se deben recuperar, jerarquizar las experiencias que han logrado generar protecciones desde Políticas Públicas y con Movimientos Sociales, pero desde una lógica de promoción de derechos y no de tercerizaciones cuyos fundamentos desconocemos. Van a cumplirse casi 3 años sin funcionamiento del Consejo Provincial de Niñas, Niños y adolescentes art.36 Ley 12967, dejando por fuera a los distintos sectores sociales que debieran formar parte de la discusión y evaluación de estas políticas, en esto no se puede jugar a testigo cuando existen organismos que debieran controlar y monitorear estos procesos.
No existen soluciones mágicas pero la desresponsabilización de parte de aquellos que deben proteger derechos, creemos merece una reflexión como sociedad. Más aún cuando se declara que en los últimos 3 meses casi 300 niños/as fueron separados de sus hogares. Pareciera sostenerse en un tono de afirmación de “eficiencia”. No resulta claro si esta es la eficiencia que promueven las políticas públicas. Corresponde preguntarnos si la separación de los niños/as adolescentes y su alojamiento en espacios tercerizados (cuya selección y monitoreo de condiciones no se ha hecho público) es considerado un indicador de eficiencia en la gestión de políticas públicas. Por otra parte, y esto resulta gravísimo, si es necesario efectivizar las medidas de “protección excepcional” y separar a los niños/as de su centro de vida, ¿cuáles son las condiciones que se les están ofreciendo a esos niños-as? La sociedad toda sabe que, si esas condiciones no están garantizadas respondiendo a las necesidades de alojamiento, las consecuencias son arrasadoras para aquellos a los que supuestamente queremos proteger.
¿Cómo se piensan las instituciones de alojamientos, qué modos de convenios se dan, perfil de equipos, capacitaciones, seguimientos de estos convenios, criterios de tercerización y fundamentalmente, qué se dispuso para la ternura necesaria en los bebés que han sido separados e internados en instituciones? ¿no han sido posible otras estrategias?
Un sujeto en sus primeros meses de vida necesita la referencia contenedora y de sostén de un otro significativo que pueda garantizar su presencia y disponibilidad en el tiempo. Los efectos de esta ausencia, más allá de que las necesidades básicas estén cubiertas, resultan en una suerte de desamparo originario, con graves consecuencias en momentos fundacionales del proceso de subjetivación de ese bebé y su propia fortaleza biológica. ¿Es pertinente disponer alojamientos de adolescentes en hoteles, hostels o pensiones sin sostén de un acompañamiento a ese difícil proceso? Si algunos programas tienen grandes obstáculos o fracasan, ¿se revisan esos procesos, se interrogan los modos de gestión?
No existe política eficaz sin articulación intersectorial, territorial, segundo nivel no es a costa de ignorar historias, procesos, migraciones, violencias intergeneracionales, llegar a ese nivel es reconocer que algo trastabilla en las condiciones de posibilidad de proteger los niños y por eso es doble su responsabilidad de integrar y articular procesos previos en una revisión conjunta, y si decide alojarlos hay que definir claramente en el tipo de instituciones que estamos pensando para estos niños y jóvenes cuando esta es la instancia necesaria, un abrigo, un cuidado, que les permita no terminar enloquecidos por su historia y por intervenciones del estado. No basta con ofrecer recursos por convenios, no es el mercado de los niños pobres-abandonados, es lugares de real abrigo y cuidado.
La culpabilización y estigmatización genera más sufrimiento mientras recubre la incapacidad y negligencia de algunos sectores públicos, no permitamos también arrasen con los equipos de trabajadores que aún disputan otro sentido para sus intervenciones
Las instituciones que se proponen no deben referirse a revictimizar, judicializar, penalizar, criminalizar, el Estado debe dar garantía de Derechos para la Protección Integral de los niños y niñas de nuestra comunidad, hemos dado como organizaciones, instituciones, movimientos, colegios, consejos, legislaturas, duras batallas por estas leyes de protección y no permitiremos nos vacíen de sentido justamente aquello que es nuestra esperanza.
La Democracia no se construye sin participación, queremos saber dónde y cómo están nuestros niños/as y jóvenes, Políticas de Protección y Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes Ya!
Rosario, 20 diciembre 2018.
