Facultad de Derecho-UNC

almente en la necesidad de transformar nuestras prácticas de enseñar y formar académicamente, entendiendo a las misma como parte de condiciones y situaciones cuya superación debemos buscar con urgencia para responder tanto a la creciente complejidad del conocimiento y de la vida social, como a sus cambios continuos y repentinos. Debemos una vez más intentar crear programas de capacitaciones de profesores y estudiantes, espacios para compartir una nueva utopia donde la visión del Derecho y de la actividad jurídica nos coloque a nosotros mismos y a nuestros egresados, en función de servicio de los individuos, grupos y sociedades. El camino hacia la meta debe basarse en una formación seria, conveniente y congruente, posiblemente la unica manera de otorgar legitimidad al sistema y a los procesos jurídicos tan fuertemente discutidos desde la oponión pública. La convivencia pacífica y el trato justo y equitativo comienzan a gestarse en nuestros claustros, en las instituciones dedicadas a la educación profesional de los abogados que hoy deben asumir una responsabilidad mucho más proactiva frente al resto del mundo social. Precisamos formar abogados y abogadas que conozcan plenamente el derecho positivo vigente, pero que a la vez comprendan que el Derecho está integrado por muchas más dimensiones que la normativa: la histórica, la social, la valorativa. Para una profesión de interés público como la nuestra, el reconocimiento social de nuestros conocimientos especializados y de la valoraciones que sirven de fundamento a nuestras prácticas, resulta fundamental si deseamos legitimación de nuestros saberes y de las practicas que importan al derecho. Muchos estudiosos y tambien la opinión sensata del hombre de la calle, anuncian que la única manera de superar la crisis de confianza pública en la profesión es, a su vez, superar la crisis de la educación profesional de los abogados. Si hoy se cuestiona la efectividad, la sensibilidad, la ética y la moral de los profesionales del Derecho, ¿ acaso no se esta cuestionando también sus procesos educativos por haber sido estos incapaces de producir un profesional efectivo, éticamente sensible y socialmente responsable ?. El modelo tradicional de educación jurídica se basa en un proceso de aprendizaje del estudiante guiado por el profesor. En este proceso, muchas veces se privilegia la transmisión de información y el litigio judicial como escenario casi exclusivo de practica profesional. Nuestro plan de estudios fue modificado en el año 2000 con el ánimo de mejorar fuertemente la formación, las prácticas y los valores de responsabilidad social de nuestros estudiantes, sin embargo, somos nosotros los profesores quienes, a pesar del esfuerzo, nos encontramos a mitad de un camino, dificil y sinuoso,entre las visiones reduccionistas del derecho que nos fueron enseñadas y la comprensión de la diversidad de situaciones y contextos en los que hoy se producen prescripciones socialmente relevantes. Esperamos poder vencer el desafio emprendido y que ambos, estudiantes y profesores desarrollemos las competencias , habilidades y capacidades necesarias como hombres y mujeres profesionales del Derecho, conscientes de su función social como intelectuales comprometidos con una visión crítica y una construcción teórica y práctica continua del Derecho en la sociedad, en tanto instrumento organizador y protector de derechos dentro de un Estado de Derecho y también posibilitador de procesos sociales nuevos y pacíficos
Nuestro actual plan de estudios se centra en un proceso formativo, entendido este como un conjunto de actividades y experiencias que desarrollan en el estudiante una serie de competencias humano profesionales y en el que el contenido informativo es solo una parte. Algunas de esas competencias pueden ser enunciadas como sigue:
1. Competencia para la práctica jurídica orientada éticamente;
2. Competencia para la promoción de políticas públicas a través del Derecho;
3. Competencia para la solución de problemas y toma de decisiones sistematicas;
4. Competencia para le analisis y el razonamiento jurídico crítico;
5. Competencia para el uso efectivo de los diversos procesos y procedimientos de resolución de disputas;
6. Competencia para la organización y gerencia efectiva del trabajo juridico; y
7. Competencia para el desarrollo profesional permanente
Las competencias que he nombrado no se desarrollan exclusivamente a partir de lecturas y discusiones en clase, de allí que el nuevo plan de estudios posee un programa de enseñanza para la práctica jurídica que recorre y acompaña transversalmente todo el plan de estudios. En el mismo se desarrollan actividades y experiencias educativas que provienen de la práctica profesional y sirven continuamente de referente práctico a los conceptos e ideas aprendidos. De este modo teoría y práctica se integran, tanto para los profesores como para los estudiantes
Tampoco basta con crear cursos y programas, nosotros los profesores, debemos transitar por nuestros programas de estudios, conocer sus conexiones, sus lazos, sus coherencias; si elegimos que la práctica jurídica debe estar orientada éticamente ese contenido debe relacionarse y aplicarse en el resto de los cursos que integran el plan de estudios. Las responsabilidades y consideraciones éticas del profesional del Derecho deben encontrarse presentes en cada caso que surge dentro de los campos de la practica profesional
Estoy convencido de que es necesario que la educación jurídica trasmita información de sentido, conexa, con referentes prácticos y valores para que cada estudiante de esta casa pueda construir continua y permamentemente su propio conocimiento. Se también que esta comunidad académica ha acompañado este pensamiento, realizando constantes y continuos esfuerzos académicos y personales para su logro