18/06/2026
La violencia institucional ocurre cuando las leyes, las autoridades o los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno dificultan, retrasan o impiden que las personas disfruten de sus derechos humanos o accedan a la justicia.
En palabras sencillas: es cuando el propio Estado, que debería protegerte, te violenta, te ignora o te desprotege a través de sus trámites, su personal o sus omisiones.
Aquí te detallo cómo se identifica, qué leyes la regulan en México y algunos ejemplos claros de cómo se manifiesta.
¿Cómo se manifiesta?
La violencia institucional no siempre es una agresión física; la mayoría de las veces se presenta en forma de burocracia, discriminación o negligencia.
Revictimización: Cuando una persona acude a denunciar un delito (por ejemplo, violencia de género) y el personal le hace preguntas incómodas, la culpa de lo sucedido o desestima su caso ("¿y usted qué hizo para que se enojara?").
Negligencia y omisión: Cuando las autoridades no investigan un caso con la debida diligencia, perdiendo pruebas o dejando las carpetas de investigación en el olvido.
Trato discriminatorio o degradante: Negar servicios públicos, atención médica o asesoría jurídica a personas por su género, origen, condición económica o indígena.
Obstrucción de la justicia: Retrasar de forma injustificada los procesos legales o poner trabas burocráticas excesivas para que la víctima desista de su denuncia.
El marco legal en México
En nuestro país, este tipo de violencia está formalmente reconocida y sancionada. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define específicamente en su Artículo 18:
"Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar los tipos y modalidades de violencia."
¿Quiénes pueden ejercerla?
Cualquier persona que trabaje en el sector público, tales como:
Policías y primeros respondientes.
Agentes del Ministerio Público y peritos.
Personal médico y de enfermería en hospitales públicos.
Jueces, magistrados y personal administrativo de los juzgados.
Trabajadores de ventanillas de trámites gubernamentales.
El impacto en la sociedad
El gran peligro de la violencia institucional es que genera impunidad y rompe la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Cuando las personas sienten que el sistema las va a maltratar o a ignorar, dejan de denunciar, lo que permite que los delitos y las desigualdades sigan creciendo.