01/04/2026
Chiapas / La reunión entre el gobierno federal y el magisterio chiapaneco no fue, en estricto sentido, un intento serio de negociación, sino un ejercicio político cuidadosamente acotado. La decisión de sentarse únicamente con la Sección 7 de la CNTE en Chiapas y no con una representación nacional del movimiento no parece un accidente logístico ni una limitación operativa. Es, más bien, una señal.
La lógica recuerda prácticas conocidas: fragmentar al interlocutor para debilitar su capacidad de presión. El viejo principio del “divide y vencerás”, tan característico de los gobiernos priistas en su momento de mayor control político, asoma nuevamente, aunque ahora bajo otra narrativa. No se busca una negociación integral, sino administrar el conflicto en partes, diluirlo territorialmente y evitar que escale con cohesión nacional.
Esto explica también la previsibilidad del resultado. Si después de un plantón nacional con mayor visibilidad, presión política y capacidad de movilización la Secretaría de Educación Pública no resolvió las demandas estructurales del magisterio, no había razones para pensar que lo haría en una mesa local, acotada y sin el mismo nivel de tensión. La reunión en Chiapas no estaba diseñada para destrabar el conflicto, sino para contenerlo.
En ese contexto, la mesa adquiere otro sentido: medir fuerzas. El gobierno federal parece estar calibrando la capacidad real de movilización de la CNTE en una de sus plazas más emblemáticas, observando márgenes de maniobra, niveles de cohesión interna y posibles fisuras. La fragmentación territorial no sólo debilita; también permite diagnosticar.
Pero hay un componente adicional que resulta difícil ignorar. La reunión ofrece cobertura política al gobierno estatal. En un momento donde la administración en Chiapas enfrenta cuestionamientos por su manejo del conflicto magisterial y señalamientos sobre prácticas represivas, la presencia federal funciona como respaldo indirecto. No resuelve el problema, pero envía un mensaje: el estado no está solo.
Chiapas no es cualquier entidad en el mapa político. Es un bastión relevante para el oficialismo, y sostener su estabilidad al menos en términos de gobernabilidad visible se vuelve prioritario. En ese sentido, la negociación cumple una doble función: contener al magisterio y apuntalar al gobierno local.
El problema es que esa estrategia tiene límites. Administrar un conflicto no es lo mismo que resolverlo. Dividir puede ganar tiempo, pero no necesariamente legitimidad. Y medir fuerzas, en escenarios de alta conflictividad social, suele tener un margen de error elevado.
