27/09/2026
🚨 DOS ESTADOS ACABAN DE DAR UN PASO QUE EL MAGISTERIO LLEVA AÑOS PIDIENDO
Mientras en muchas escuelas los maestros seguimos enfrentando el temor de que una acusación pueda convertirse en un problema laboral, profesional y personal, septiembre de 2026 deja dos noticias importantes para el magisterio.
Yucatán y Guerrero aprobaron reformas que fortalecen la protección jurídica de las maestras y maestros.
En Yucatán, el Congreso aprobó por unanimidad el 25 de septiembre reformas a la Ley de Educación del Estado para fortalecer la protección de los derechos del personal docente.
Entre las medidas se incorporan garantías de debido proceso, presunción de inocencia, derecho de audiencia y protección de la dignidad de quienes trabajan en la educación. También se contemplan mecanismos de protección cuando existan amenazas o riesgos para su integridad.
Además, dentro de la propuesta impulsada en Yucatán se planteó que, cuando una denuncia contra personal educativo resulte improcedente después de la investigación, la autoridad informe al área jurídica correspondiente para salvaguardar los derechos de la persona docente y evitar consecuencias derivadas de acusaciones infundadas.
Y luego está Guerrero.
El 22 de septiembre de 2026, el Congreso de Guerrero aprobó reformas al Código Penal para sancionar a quienes, de manera dolosa, denuncien hechos falsos en contra del personal docente.
La reforma fue impulsada originalmente por la diputada María de Jesús Galeana Radilla, del PRD, quien presentó la iniciativa en abril de 2025.
Esta propuesta fue conocida públicamente como “Ley Tere”, debido al caso de una maestra que dio origen al planteamiento legislativo sobre la necesidad de proteger a los docentes frente a acusaciones deliberadamente falsas.
Pero hay que aclararlo: la llamada “Ley Tere” no es el nombre oficial de la reforma aprobada. Lo que finalmente se aprobó en Guerrero fue una modificación al artículo 317 del Código Penal estatal.
La reforma establece sanciones para quienes, de manera dolosa, denuncien hechos falsos contra personal docente y también contempla reparación integral del daño, incluyendo una indemnización de hasta mil días de multa y la posibilidad de publicar la sentencia absolutoria en determinados medios.
Esto no significa que una persona vaya a ser castigada simplemente por denunciar a un maestro o porque una denuncia no prospere.
En Guerrero se habla de hechos falsos denunciados de manera dolosa. En Yucatán se fortalece el debido proceso y la presunción de inocencia.
Es decir, se busca encontrar un equilibrio: proteger a niñas, niños y adolescentes cuando exista una situación real que deba denunciarse, pero también evitar que una acusación deliberadamente falsa destruya la reputación, la carrera o la tranquilidad de un docente.
Y como maestra, creo que aquí hay una pregunta que ya no podemos ignorar:
¿Por qué estas protecciones tienen que depender del estado en el que trabajamos?
Porque una maestra de Guerrero merece protección.
Una maestra de Yucatán merece protección.
Pero una maestra de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Jalisco, Estado de México o cualquier otra entidad también debería tener garantías frente a acusaciones deliberadamente falsas.
No se trata de impedir que las familias denuncien.
Se trata de que toda denuncia sea investigada con seriedad, pero también con debido proceso, presunción de inocencia y respeto a los derechos de quienes estamos frente a un grupo.
📢 SEPTIEMBRE DE 2026 DEJA DOS AVANCES IMPORTANTES PARA EL MAGISTERIO.
Ahora falta que esta discusión deje de ser solamente estatal.
¿CUÁNDO TENDREMOS UNA PROTECCIÓN HOMOLOGADA PARA LAS MAESTRAS Y MAESTROS DE TODO MÉXICO?
