Huella Pública

EL GLADIADOR QUE NUNCA LLEGÓ A LA CASA DE NARIÑO.

Murió hoy Germán Vargas Lleras a los 64 años en Bogotá. Nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, cuatro veces senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda, vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017, y dos veces candidato presidencial. La Presidencia siempre le fue esquiva.

Fue el político colombiano que mejor entendió cómo funciona el Estado por dentro — y eso incluye sus peores mecanismos. Apoyó a Uribe en 2002, pero en 2005, cuando sufrió un atentado con carro bomba, Uribe culpó a las FARC. Vargas Lleras tenía información que apuntaba a una alianza entre políticos y paramilitares — el mismo tema que él denunciaba en el Congreso. El episodio marcó el inicio de una relación que nunca volvió a ser de devoción ciega.

Su legado más concreto y menos cuestionado: las 100.000 viviendas gratuitas como Ministro de Vivienda, y las vías 4G como Vicepresidente. Santos lo llamó "leal, eficiente y eficaz." Petro — su principal adversario en el debate — reconoció hoy: "Se comportó como un gladiador. Lamento que su seriedad en el debate desaparezca."

En 2023 le dijo públicamente a Uribe que Cambio Radical se había sentido "bastante solo" en la oposición. En 2018 tenía el respaldo de cuatro partidos y lideraba encuestas. Quedó cuarto. Fue la derrota más amarga de su carrera.

Murió a 23 días de unas elecciones en las que, meses antes, se hablaba de él como el posible aglutinador de la oposición al petrismo. La enfermedad se lo impidió.

El expediente completo:
👉 huellapublica.com/articulo/german-vargas-lleras-el-gladiador-que-nunca-llego-a-la-casa-de-narino

Lo grabaron en entrevista. Habló sin filtros. Y cada respuesta revela más de lo que intentó ocultar borrando su Wikipedia.

Abelardo De la Espriella quiere ser presidente de Colombia el 31 de mayo. Antes de votar, hay cosas que los documentos dicen de él que ningún noticiero juntó en un solo lugar.

Su padre fue notario en Cartagena gracias a Uribe — nombramiento listado en el escándalo de la Yidispolítica. El hijo fundó su firma ese mismo año. Se presenta como outsider. El registro público lo llama heredero.

En 2008 defendió a David Murcia Guzmán, el creador de DMG, la pirámide que estafó a 200.000 colombianos. La Fiscalía presentó grabaciones de 760 millones pagados para hacer lobby en el Congreso. Él los recibió. Se fue dos meses después. Diecisiete años después, Murcia lo denunció disciplinariamente por 5.000 millones que cobró y nunca devolvió. El proceso está activo.

Entre 2013 y 2019 fue abogado de Alex Saab, testaferro de Maduro. En 2018 un policía alertó a su oficina de una operación de captura inminente. El operativo se abortó. Saab desapareció de Barranquilla. De la Espriella tardó 20 días en denunciar al policía. El documento de renuncia al poder de Saab nunca lo mostró. Cuando Daniel Coronell se lo exigió, retiró la demanda que había presentado en su contra en Estados Unidos.

Su patrimonio declarado es de 40.000 millones de pesos. Sus empresas no explican esa cifra.

En agosto de 2025 borró su biografía de Wikipedia en español. La reemplazó con una página en el sitio de su campaña que no menciona DMG, Saab, ni ninguna investigación. Un hombre que borra su huella pública y pide que le entreguemos el Estado.

Y cuando nadie lo contradice habla así: "Estaré encantado de montar a Petro en DEA Airlines." Sin sentencia. Sin proceso judicial. Solo la promesa de un candidato que tiene procesos disciplinarios activos contra él mismo.

El expediente completo con fuentes verificables:
👉 huellapublica.com/articulo/el-abogado-de-la-mafia-que-quiere-gobernar-colombia-expediente-completo-de-abelardo-de-la-espriella

La Guajira es el segundo lugar del planeta con viento más constante. Tiene potencial para abastecer de energía a 37.5 millones de hogares. Y el gobierno que prometió cambiar el modelo de energía sale sin haberlo destrabado.

El primer parque eólico de Colombia se construyó en La Guajira en 2003. Veinte años después fue desconectado al cumplir su vida útil. Hoy todavía no ha podido ser desmantelado por desacuerdos con la comunidad Wayuu. Esa es, en una sola obra, la historia completa del problema.

Celsia paró 330 megavatios de proyectos eólicos. EDP Renewables paró otros 500. EPM suspendió su proyecto E200 tras acumular pérdidas y enfrentar 235 procesos de consulta previa sin acuerdos. Las empresas no esperaron al gobierno — ya se fueron.

La línea de transmisión Colectora — la infraestructura que conectaría los parques del norte con el sistema eléctrico nacional — debía operar desde noviembre de 2022. Las obras comenzaron en 2024. Entrará en agosto de 2026: el mismo mes en que termina el gobierno.

Petro lo reconoció en el Consejo de Ministros: el modelo de consulta previa no cambió. Sigue siendo una transacción. Plata que se entrega, se gasta y no deja nada permanente. El gobierno propuso copropietad para las comunidades Wayuu — la idea correcta — pero al 28 de abril no se había concretado en ningún acuerdo.

La Guajira tiene el 65.7% de su población en pobreza monetaria — la más alta del país — y el mayor potencial energético renovable de Colombia. Esas dos realidades coexisten en el mismo suelo desde hace décadas. El próximo gobierno hereda el n**o sin resolver.

👉 huellapublica.com/articulo/la-guajira-tiene-potencial-para-generar-energia-eolica-suficiente-para-375-millones-de-hogares-el-gobierno-sale-sin-haberlo-destrabado

El DANE lo confirmó: la pobreza en Colombia llegó en 2024 al nivel más bajo desde 2012. No lo dijo el gobierno. Lo dijo el instituto de estadística independiente. Y los grandes medios casi no lo cubrieron.

1.267.063 personas salieron de la pobreza en un solo año. La pobreza monetaria bajó al 31.8% — 7.2 puntos menos que cuando este gobierno llegó. La pobreza multidimensional cayó por primera vez a un dígito: 9.9%. El embarazo adolescente cumplió la meta del país para 2030 con cuatro años de anticipación.

Estos no son datos del gobierno. Son datos del DANE, el DNP y el Ministerio de Salud — con metodologías verificables y microdatos públicos disponibles para cualquiera que quiera consultarlos.

En educación: 907.000 jóvenes estudian gratis en universidades públicas. La cobertura bruta en educación superior llegó al 57.53% — la más alta en 20 años. La brecha entre colegios públicos y privados en pruebas Saber 11 bajó de 35 a 27 puntos.

En empleo: el salario mínimo subió 37% en términos reales. La teoría decía que eso generaría desempleo. El DANE muestra lo contrario — el desempleo bajó del 11.6% al 8%.

El propio Petro reconoció lo que faltó: la pobreza extrema rural sigue en 21.8%, 2.5 veces más que en las ciudades, y Colombia Solar avanzó más lento de lo esperado. Los datos buenos y los malos están en la misma transmisión — algo que los medios que titularon "caos" no mostraron completo.

Los datos son públicos. La huella que dejan es permanente.
👉 huellapublica.com/articulo/el-dane-confirmo-que-la-pobreza-monetaria-en-2024-llego-al-nivel-mas-bajo-desde-2012-estos-son-los-datos-del-balance-de-cuatro-anos-que-el-gobierno-presento-ante-el-pais

Petro reconoció en público que cometió un error económico grave. La oposición lleva cuatro años esperando ese momento. Lo que no contaron es quién abrió el hueco originalmente.

El 28 de abril, en Consejo de Ministros transmitido en vivo, Petro dijo lo que los presidentes colombianos raramente dicen: "Lamentablemente yo creo que es el peor error de política económica de este gobierno. Continuar la tradición que traía Duque en su último año de pagar con el presupuesto el subsidio a la gasolina."

Ningún noticiero lo destacó así. Titularon que la gasolina va a subir. Lo de antes quedó enterrado en tres horas de transmisión.

La historia completa: Duque congeló los precios de la gasolina durante la pandemia mientras el petróleo internacional se disparaba. Al salir del poder dejó una deuda de 20 billones de pesos con Ecopetrol en el fondo FEPEC. Petro recibió esa deuda en agosto de 2022 y la pagó — pero cometió su propio error: mantuvo el subsidio al diésel tres años más de lo necesario, generando 31 billones adicionales de déficit.

En total: 72.8 billones de pesos girados al FEPEC entre 2022 y 2025.

El déficit fiscal primario que la oposición llama "derroche" es de 63 billones. El pago al subsidio heredado y extendido lo supera. Duque abrió el hueco. Petro lo pagó, cometió su propio error al extender parte del subsidio, lo reconoció en público y anunció el cierre definitivo: desde ahora el precio de la gasolina sigue el mercado internacional.

El gobierno que llegue en agosto de 2026 recibirá el FEPEC saneado. Lo opuesto a lo que Petro encontró.

👉 huellapublica.com/articulo/petro-reconocio-ante-su-gabinete-que-continuar-el-subsidio-a-la-gasolina-fue-el-peor-error-economico-de-su-gobierno-y-los-datos-confirman-que-el-hueco-lo-abrio-duque

La Contraloría documentó que Coosalud cuadruplicó su deuda en un año. Una auditoría forense encontró peculado, falsedad y concierto para delinquir. El Tribunal de Bolívar devolvió la empresa al mismo gerente señalado. Y los grandes medios titularon sobre Petro.

La deuda de Coosalud EPS con hospitales y clínicas pasó de 702 mil millones a 2.59 billones de pesos en doce meses. Lo documentó la Contraloría General — no el gobierno, no la oposición. Un órgano de control independiente.

La auditoría forense presentada en Consejo de Ministros el 28 de abril encontró tres conductas con nombre jurídico preciso. Primera: el representante legal de Coosalud usó recursos públicos del sistema de salud para garantizar un crédito de 419 mil millones a una empresa privada de su propia propiedad. El dinero no aparece en ninguna cuenta. La auditoría lo llama peculado. Segunda: un funcionario interno alteró las reservas técnicas con metodologías no autorizadas para distorsionar la realidad financiera de la empresa. Falsedad ideológica. Tercera: un asesor externo tenía computador y puesto físico en Coosalud desde donde dirigía pagos en otras EPS del sistema. Concierto para delinquir.

En la junta que autorizó el préstamo estaban Rafael Santos, hermano del exvicepresidente Francisco Santos, y Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana. Petro los nombró públicamente. Los medios titularon sobre Petro, no sobre la auditoría.

El Tribunal de Bolívar suspendió la intervención estatal y ordenó devolver Coosalud al mismo gerente que la auditoría señala. La Fiscalía no ha abierto investigación. El expediente existe. La pregunta que falta responder es cuándo la Fiscalía decidirá hacer algo con él.
👉 huellapublica.com/articulo/la-contraloria-documento-que-coosalud-cuadruplico-su-deuda-en-un-ano-y-el-tribunal-de-bolivar-le-devolvio-la-empresa-al-gerente-senalado-por-la-auditoria-forense

El exministro de Duque estaba haciendo lobby dentro del Capitolio el mismo día que se debatía el proyecto educativo de su candidata Paloma Valencia. Lo denunciaron en el recinto. Y la votación volvió a suspenderse.

El proyecto de bonos escolares de Paloma Valencia lleva seis años en el Congreso. El 29 de abril fue agendado por sexta vez consecutiva como primer punto del orden del día — una táctica legislativa conocida para forzar votaciones antes de que la resistencia se organice.

Ese mismo día, la senadora Esmeralda Hernández denunció en el recinto que Daniel Palacios — exministro del Interior de Duque y hoy operador político de la campaña de Valencia — estaba dentro del Capitolio haciendo lobby por el proyecto. No era un ciudadano de visita. Era el hombre que negoció la entrada de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Valencia.

El mecanismo del bono: el Estado entrega un voucher a familias pobres para que elijan entre colegio público o privado. Valencia lo llama libertad de elección. Fecode lo llama lo que es: desviar recursos del Sistema General de Participaciones hacia colegios privados, dejando sin financiación la infraestructura y los docentes de los colegios públicos donde se quedan los otros estudiantes.

Mientras ese proyecto se intentaba aprobar, el gobierno construía en dirección contraria: 909.000 jóvenes estudiando gratis en universidades públicas, la brecha entre colegios públicos y privados en Saber 11 reduciéndose de 35 a 27 puntos, educación superior llegando a territorios rurales por primera vez.

El Pacto Histórico se retiró del recinto para romper el quórum — el mismo mecanismo que el Centro Democrático usó repetidamente contra las reformas del gobierno. La votación quedó suspendida por segunda vez consecutiva. Fecode ya estaba en las calles.

No es una diferencia de matiz entre candidatos. Es una diferencia de modelo de país.
👉 huellapublica.com/articulo/el-lobbysta-de-paloma-valencia-en-el-capitolio-el-proyecto-que-agendaron-seis-veces-y-la-educacion-publica-que-el-gobierno-petro-si-construyo

Lo grabaron explicando cómo repartirse la plata de los niños. Él mismo lo dijo. Y sigue siendo alcalde.

En noviembre de 2025 circuló un video. En él aparece una persona con las características del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, describiendo con precisión cómo funciona el esquema de coimas en el Programa de Alimentación Escolar de la ciudad. Sus palabras:

"Dos mil millones son de ellos desde el día cero. Mil millones que me deja a mí."

La Procuraduría abrió investigación formal el 19 de noviembre. La Corte Suprema inadmitió la demanda que el alcalde presentó contra quienes lo denunciaron.

El contrato del PAE de Sincelejo: 256.000 millones de pesos. El octavo más costoso del país. Firmado con vigencias futuras comprometiendo presupuesto de 2025, 2026 y 2027. La licitación: solo una empresa se postuló y el plazo para recibir propuestas estuvo abierto apenas cuatro días.

El 31 de marzo de 2026 el consorcio suspendió el servicio. La alcaldía debía 31.599 millones de pesos. Los niños de los colegios públicos de Sincelejo llegaron ese día con los platos vacíos. Las mujeres que cocinan su comida dejaron de recibir el pago de su seguridad social.

Yahir Acuña tiene un historial que el cargo no borra: en 2015 fue detenido transportando 480 millones en efectivo horas antes de unas elecciones. En 2023 la Corte Suprema lo citó a declarar por presuntos vínculos con Los Rastrojos.

Sigue en el cargo. La Procuraduría sigue investigando. Los platos siguen vacíos.
👉 huellapublica.com/articulo/el-alcalde-de-sincelejo-grabado-explicando-como-robar-el-pae-y-los-ninos-que-llegaron-a-sus-colegios-con-los-platos-vacios

100 billones de pesos de colombianos invertidos en el exterior. Un decreto que los obliga a volver. Y una oposición que demandó hasta el aumento del salario mínimo.

En 1996 intentaron callar a Aida Avella con una bazuca en la Autopista Norte. No pudieron. El 29 de abril llegó al Senado a decir algo que incomoda: la oposición colombiana ha demandado judicialmente cada logro social de este gobierno. Uno por uno.

La reforma laboral, hundida con sus votos en comisión. La reforma pensional, archivada múltiples veces. El aumento del salario mínimo de 2023, demandado ante el Consejo de Estado antes de aplicarse. El Decreto 0415 de pensiones, suspendido por el Consejo de Estado a los pocos días de firmarse. El patrón es documentable.

El telón de fondo es el Decreto 0369 del 7 de abril de 2026. El gobierno le ordenó a los fondos privados de pensiones bajar sus inversiones en el exterior del 49% al 30% de sus portafolios. La diferencia: 100 billones de pesos de ahorros de trabajadores colombianos que deben volver al país en cinco años.

Los fondos dicen que esas inversiones generan mejor rentabilidad. El gobierno dice que la plata de los trabajadores colombianos no puede seguir financiando activos en el exterior mientras Colombia necesita ese capital. El debate técnico es real. Pero la oposición también lo demandó.

Avella habló desde la memoria de quien vio exterminar a más de 3.000 compañeros de la Unión Patriótica. Cuando dice que la institucionalidad frena los cambios sociales, no lo dice como cálculo electoral. Lo dice desde la experiencia de lo que le cuesta a este país intentar transformarse.

Los decretos existen. Las demandas existen. Las actas de archivo en comisión existen.
👉 huellapublica.com/articulo/los-logros-del-gobierno-que-la-oposicion-demando-y-el-decreto-que-obligo-a-los-fondos-de-pensiones-a-traer-100-billones-de-vuelta-a-colombia

18.677 niños. Las FARC los reclutaron. Y por primera vez en la historia, los responsables lo admitieron por escrito.

Una senadora de oposición llegó al Senado el 29 de abril a denunciar el reclutamiento forzado de menores por las extintas FARC. Tenía razón en los números. 18.677 niños entre 1971 y 2016.
El 30% tenían menos de 15 años. El 28% están desaparecidos. Cada cifra es una infancia destruida.

Pero omitió la parte más importante.

El 27 de enero de 2026, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y cuatro exjefes más firmaron una carta ante la JEP reconociendo explícitamente su responsabilidad en todos esos crímenes. Por escrito. Ante un tribunal. Sin ambigüedad.

Es la primera vez en la historia del conflicto que las antiguas FARC admiten formalmente haber implementado una política criminal sistemática de reclutamiento de más de 18.000 niños. Eso no existía antes del Acuerdo de Paz.

Y aquí está lo que la senadora no podía concluir desde su bancada: ese reconocimiento existe porque existe la JEP. Y la JEP existe porque existe el acuerdo que su partido votó en contra en el plebiscito de 2016.

Los niños merecen la historia completa. No solo la mitad que conviene electoralmente.
👉 huellapublica.com/articulo/la-jep-documento-18677-ninos-reclutados-por-las-farc-y-los-exjefes-guerrilleros-ya-lo-reconocieron-por-escrito